La EPPO, con sede en Luxemburgo, puede investigar casos transfronterizos complejos, apoyándose en los sistemas policiales y judiciales nacionales, pero también en su equipo de investigadores, lo cual significa que la adhesión a la institución trasladaría parte del escrutinio fuera del sistema judicial húngaro. El mandato de la EPPO le permite investigar casos de fraude que afecten a las finanzas de la UE y que se remonten a 2017, un periodo que abarca gran parte del último mandato de Orbán.