Ancianos discapacitados al borde la inanición: el escándalo que sacude Rumanía
Bucarest (Euractiv)/(EuroEFE).- Conmoción y horror en la sociedad rumana tras la revelación de un escándalo de abusos y malos tratos a ancianos discapacitados, donde eran tratados al “estilo de los campos de concentración nazis”, según la Fiscalía rumana.
La Fiscalía ha investigado las condiciones extremas de tres centros de atención cerca de Bucarest, donde casi 100 ancianos se enfrentaban a la inanición, la tortura y la explotación.
La noticia ha sacudido la escena política rumana y ha provocado la indignación de la sociedad.
La semana pasada, la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) inculpó a 26 personas, y más de la mitad fueron puestas bajo arresto preventivo o domiciliario, informa EURACTIV.com.
Los propietarios de los centros empleaban a varias personas que captaban sobre todo a ancianos -los principales objetivos eran los que vivían solos y sin familiares- y les animaban a vender sus pisos.
El siguiente paso era convencerles de que entregaran sus pensiones mensuales para que acabaran en centros de atención a discapacitados después de que la red criminal expidiera certificados falsificados.
La red criminal cobraba todos los subsidios estatales destinados a los discapacitados, que pueden rondar los 1.000 euros mensuales por persona, y a cambio los dejaba ingresados de manera definitiva.
En los últimos años, los hospicios rumanos han recibido casi 800.000 euros de las autoridades locales. Aunque el dinero estaba destinado al cuidado de los ancianos, la mayor parte se gastaba en drogas, prostitutas y fiestas, según los fiscales.
Según el informe de la Fiscalía, el propietario de uno de los centros gastó más de 5.000 euros en una noche en entretenimiento.
LOS “ASILOS DEL HORROR”
En estos centros, descritos por los medios de comunicación rumanos como «asilos del horror», los ancianos eran encarcelados y golpeados, y no se les alimentaba.
Los equipos médicos de emergencia encontraron botones y restos de ropa masticada en el vientre de los pacientes, lo que indicaba su desesperado intento de saciar el hambre sin ningún alimento.
Los residentes locales informaron a los medios de comunicación rumanos de que veían a los ancianos, hambrientos y desnudos, mendigando comida junto a la valla, incluso en los fríos días de invierno. También se les privaba de los medicamentos que necesitaban.
Según la prensa rumana, algunos centros acogían también a jóvenes discapacitados.
El psiquiatra Gabriel Diaconu, que examinó a los pacientes tras su liberación, declaró que el escándalo pone de manifiesto no sólo la «indiferencia y tolerancia ante la crueldad y la degradación moral, sino también la facilitación de la tortura».
«El sistema rumano de protección social está al borde del colapso», advirtió.
EURACTIV.com ha decidido publicar algunas de las imágenes menos chocantes tomadas por los medios de comunicación rumanos para mostrar la crueldad de la red criminal y arrojar luz sobre este escándalo.
El asunto de los abusos en los centros para personas con discapacidad saltó por primera vez a los medios de Rumanía en febrero pasado, tras una investigación periodística realizada por el Centro de Investigaciones de los Medios de Comunicación (CIM) y la publicación Buletin de București (BdB).
Los periodistas presentaron pruebas de una red de conexiones entre los agresores y los funcionarios del Estado que debían detenerlos.
Los altos funcionarios han intentado echar la culpa a los funcionarios de menor rango y a una legislación inadecuada.
«Todos han estado al corriente», declaró Ovidiu Vanghele, periodista de investigación que siguió el tema y aportó pruebas de que numerosas instituciones responsables estaban al corriente del caso, al menos desde enero de 2023.
Iana Matei, activista en el ámbito de la trata de seres humanos, declaró a EURACTIV.ro que han dimitido algunos funcionarios del Estado, pero «ninguno de alto nivel, mientras que las ONG temen una caza de brujas».
«VERGÜENZA NACIONAL»
La situación, especialmente en el condado de Ilfov, al norte de la capital, Bucarest, se conoce desde noviembre de 2022, según un informe de la Autoridad Nacional de Inspección Social obtenido por TVR News.
Contactado por EURACTIV-Rumanía, el Ministerio de Trabajo y Protección Social explicó que la Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ANPDPD) del país ya había constatado las condiciones en las que se mantenía a los ancianos en los dos centros desde agosto y noviembre de 2022, gracias a los voluntarios de la asociación «San Gabriel el Valiente».
El Ministerio explicó que la autoridad había realizado comprobaciones y que las deficiencias denunciadas se habían solucionado.
Pero la implicación de políticos en el escándalo también ha creado quebraderos de cabeza al gobierno de coalición dirigido por el Primer Ministro socialista Marcel Ciolacu.
Los medios de comunicación rumanos informaron de que los centros estaban dirigidos por una asesora de la ministra socialista de Familia, Gabriela Firea, que ocupa su cargo desde 2021.
Además, dos de los tres centros asistenciales privados estarían en la ciudad cuyo alcalde es el marido de Firea, mientras que su hermana dirigía la Dirección de Asistencia Social, que proporcionaba certificados a los discapacitados.
Firea aseguró que las revelaciones son un intento de «intimidarla», arruinar su imagen y apartarla de la carrera para convertirse en líder de los socialistas rumanos.
Ciolacu prometió «mano dura» con los responsables.
El Presidente del país, Klaus Iohannis, quien asiste en Vilna a la cumbre de la OTAN, calificó el caso de “vergüenza nacional”.
Contactado por EURACTIV.com, un portavoz de la Comisión Europea dijo que el ejecutivo de la UE está al corriente del caso y que hay una investigación en curso a nivel nacional.
Sin embargo, el portavoz de Bruselas insistió en que se trata de un asunto que compete a las autoridades nacionales bajo el control de tribunales independientes.
Aún no está claro si hubo fondos de la UE implicados en el escándalo. En tal caso, podría intervenir la fiscal de la UE Laura Codruta Kovesi, ex fiscal jefe anticorrupción de Rumanía.
Editado por F.Heller
