Bulgaria aprieta las tuercas a la rusa Lukoil para acercarse a Schengen
Sofía (Euractiv) / EuroEFE).- Los partidos de la coalición gobernante de Bulgaria han propuesto poner fin a una concesión que controla el puerto petrolero de Burgas, en el Mar Negro, a través del cual Lukoil transporta petróleo ruso en buques cisterna para su procesamiento, con la esperanza de que esa medida ayude a Bulgaria a conseguir la adhesión al Área Schengen quizás el próximo otoño.
El puerto de Rosenets es el único especializado en petróleo de la costa búlgara del Mar Negro y ha estado bajo el control total de la empresa rusa desde 2011, cuando el primer Gobierno del primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, cerró un acuerdo de concesión de 35 años con Lukoil. Además, la única refinería de Bulgaria, Neftochim Burgas, es propiedad de Lukoil.
Pero este miércoles, los partidos que apoyan al gobierno del partido Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática y el GERB anunciaron planes para ponerle fin.
ENTRAR EN SCHENGEN, OBJETIVO ESTRATÉGICO
El colíder de los partidos de la coalición de gobierno, Kiril Petkov, declaró que todas las infraestructuras clave deben ser controladas por el Estado búlgaro, en particular las de las fronteras.
«Nuestro objetivo estratégico es adherirnos a Schengen, y este es un gran paso hacia ello. Este paso también está en consonancia con el reglamento de la Unión Europea sobre las sanciones por la guerra (de Ucrania). Así, afirmamos claramente que Schengen es nuestro objetivo nacional, que no se entregarán (infraestructuras) clave búlgaras sin motivos», dijo Petkov.
A lo largo de los años, muchas personalidades políticas y analistas económicos han expresado su preocupación por que Rusia haya adquirido tanto control sobre ese puerto, que puede calificarse de “enclave ruso” en territorio búlgaro.
Además, investigaciones periodísticas han revelado que Bulgaria no controla las cantidades de petróleo ruso importado, con lo que pierde enormes ingresos en concepto de impuestos.
«Este es un paso que devolverá al Estado el control sobre infraestructuras clave y es un paso hacia la aceptación del país en Schengen», afirma la coalición de Gobierno.
La propuesta fue firmada también por Borissov, en su calidad de líder del mayor partido búlgaro, el GERB (PPE), y el líder del partido de la minoría turca DPS, Mustafa Karadayi (Renovar Europa), lo cual significa que hay mayoría parlamentaria suficiente para que la decisión sea aprobada.
LA INFLUENCIA RUSA A TRAVÉS DE LUKOIL
Mientras los gobiernos del GERB gobernaron de 2009 a 2021, Borissov fue muy criticado por ceder el control estatal sobre las actividades de Lukoil en el país.
La iniciativa de poner fin a la concesión portuaria contó con la esperada oposición del presidente prorruso Rumen Radev, quien criticó los «apetitos corporativos» que habría detrás de esta iniciativa.
Conocido por su postura de apoyo al Kremlin, añadió que la propuesta es «otra idea precipitada y equivocada de los líderes políticos», y añadió que podría tratarse sólo de una estrategia de relaciones públicas para la crisis.
«Espero que hayan hecho una evaluación de riesgos de lo que hay detrás del puerto, porque hay una gran base logística que pertenece a Lukoil. ¿Cómo funcionará el puerto con esta base logística, sin la cual el transporte de petróleo a la refinería es imposible y, lo que es más importante, cómo afectará esto a los precios de los combustibles?», se preguntó Radev.
Después de que la UE impusiera sanciones petroleras a Rusia por su invasión de Ucrania, a finales del año pasado, el gobierno provisional nombrado por Radev adoptó una decisión especial que confirmaba la extensión del contrato de concesión con la empresa rusa hasta 2046.
En febrero pasado, el Parlamento búlgaro adoptó varias medidas relacionadas con la refinería de Burgas, propiedad de Lukoil. En ese momento, el Parlamento declaró que el Estado debía recuperar el puerto petrolero de Rosenets, pero no se fijó ningún plazo.
Desde el pasado mes de junio, Bulgaria tiene un nuevo gobierno pro-UE que ha adoptado una línea dura contra Rusia, en apoyo de Ucrania.
Tras la rescisión del contrato de concesión, Lukoil seguirá operando en el puerto pero pagará tasas, mientras que el Estado recuperará el control total de la infraestructura marítima clave. Esto permitiría al gobierno abrir el puerto a importaciones de carga distintas de las encargadas por la empresa rusa.
«Llevamos años diciendo que el país debe recuperar el control sobre este puerto. En un momento en que Rusia ha declarado a Bulgaria enemiga por la guerra que libra en Ucrania, estamos tomando medidas para limitar las oportunidades de que Moscú utilice las infraestructuras búlgaras con fines financieros», comentó Atanas Atanasov, de la coalición PP-DB.
Al mismo tiempo, Hristo Alexiev, ex ministro de Transportes del anterior gobierno provisional nombrado por Radev, expresó su temor por la precipitada decisión, explicando que el Estado sólo es propietario de una parte de la infraestructura portuaria, de la que Lukoil posee elementos clave.
En su opinión, la rescisión de la concesión impedirá a Lukoil operar en el país, lo que podría provocar una crisis de suministro de crudo.
«Eso tendrá un efecto negativo en la economía y la inflación», advirtió el ex ministro.
EXCEPCIÓN BÚLGARA
A finales de 2022, el gobierno provisional inició negociaciones con Lukoil para convertir a Bulgaria en la base principal de las operaciones europeas de la compañía rusa a cambio de la promesa de pagar más de 300 millones de euros al año en impuestos.
Esa idea no se materializó porque Bulgaria no consiguió negociar una excepción al embargo europeo sobre la exportación de combustibles producidos a partir de petróleo ruso.
Alexiev sigue defendiendo esta iniciativa del entonces Gobierno provisional de Radev, ya que Lukoil pagó 90 millones de euros en impuestos en los últimos cinco meses del año pasado, el doble de lo que la empresa rusa pagó en impuestos a Bulgaria en los últimos 15 años.
Al mismo tiempo, Lukoil, durante mucho tiempo la mayor empresa por volumen de ingresos en el mercado búlgaro, con una facturación anual de más de 3.000 millones de euros, y a pesar de las revelaciones de que llevó a cabo prácticas comerciales ilegales el año pasado, sigue disfrutando de una posición de monopolio en el mercado local.
Editado por F.Heller
