ENTREVISTA: La regularización de inmigrantes está «completamente politizada», afirma la ministra Saiz

Madrid (Euractiv)- El proyecto de España para regularizar a unos 500.000 inmigrantes indocumentados «se ha politizado por completo», declaró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, a Euractiv.

La medida, acordada mediante un real decreto para eludir al Parlamento, ha provocado una fuerte reacción por parte de la oposición conservadora del país y ha sido objeto de escrutinio en Bruselas, ante la preocupación de que España se convierta en una «puerta de entrada fácil» a la UE.

Sin embargo, Saiz restó importancia a estas preocupaciones y declaró a Euractiv que el decreto incluye plazos y criterios de elegibilidad claros. Solo los solicitantes de asilo y los inmigrantes que puedan acreditar la residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y al menos cinco meses de residencia continuada en el momento de presentar la solicitud podrán optar a un permiso de residencia.

Sus comentarios se producen tras las declaraciones del comisario de Migración, Magnus Brunner, la semana pasada, quien advirtió que «un permiso de residencia en la UE no es un cheque en blanco».

Los permisos de residencia solo son aplicables a España, añadió Saiz, señalando que los migrantes deben tener antecedentes penales limpios para iniciar el proceso de solicitud, que tendría un plazo limitado de tres meses, de abril a junio. El permiso también tendría una validez de solo un año, con la opción de prorrogarlo.

«Tener derechos y obligaciones»

«Solo estamos hablando de personas que ya se encuentran en España… muchas de las cuales están en la economía sumergida», dijo Saiz. «También deben tener la posibilidad de tener derechos y obligaciones».

El real decreto podría conceder la residencia a unas 500.000 personas, según el Gobierno, aunque un estudio del think tank Funcas sitúa esa cifra más cerca de las 840.000.

El principal sindicato policial de España, JUPOL, ha advertido del «impacto operativo y funcional» de una regularización masiva sin refuerzo policial. Las oficinas de inmigración ya están «desbordadas» y pueden tener dificultades para tramitar cientos de miles de solicitudes, incluida la verificación de la identidad y la comprobación de antecedentes penales.

Cuando se le preguntó sobre estas preocupaciones, Saiz respondió que su ministerio está diseñando «un procedimiento específico que esté a la altura, sea eficaz y ágil» para garantizar que «no haya obstáculos administrativos». El decreto aún se encuentra en proceso de redacción.

Regularizaciones previas con «excelentes resultados»

El decreto «es la séptima medida de este tipo que se aplica en España, tanto con gobiernos de izquierda como de derecha, desde la década de 1980», afirmó Saiz, quien añadió que las regularizaciones anteriores dieron «excelentes resultados», ya que la mayoría de los beneficiarios se incorporaron al mercado laboral.

La última regularización importante en España, introducida en 2005 bajo el mandato del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, concedió la regularización a unas 570.000 personas. Sin embargo, los empleadores solo podían contratar a los trabajadores extranjeros que llevaran seis meses registrados y tuvieran un contrato de trabajo válido.

La reforma actual tiene su origen en una iniciativa popular de 2021 respaldada por 700.000 firmas y apoyada por cientos de organizaciones sin ánimo de lucro. La oposición la considera un intento estratégico de consolidar el apoyo político de socios recelosos tras una serie de escándalos de corrupción de gran repercusión mediática dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

PP: táctica de distracción

El Partido Popular calificó el acuerdo como una táctica de distracción tras una serie de trágicos accidentes ferroviarios, mientras que el partido de extrema derecha Vox lo ha denominado como una amenaza para la demografía nacional, acusando al Gobierno de promover la migración a gran escala para «reemplazar» a la población local.

Saiz rechazó lo que describió como argumentos «basados en bulos» y arraigados en «el racismo y la xenofobia», y defendió el enfoque de España, argumentando que la migración ha sido «un factor importante en el crecimiento económico del país». «No debemos olvidar que España tiene memoria; España fue en su día un país de emigrantes», añadió la ministra.

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