Polémica en torno a las competencias de la agencia EUIPO en cuestiones agroalimentarias
Mientras los países de la UE buscan soluciones en la Comisión, el responsable de Agricultura de la UE ha defendido las nuevas competencias de la agencia comunitaria de propiedad intelectual.
Alicante (Euractiv.com/.es) – Entre bastidores de la Conferencia sobre Indicaciones Geográficas (IG) en la UE, se ha desatado este miércoles una polémica en torno a las nuevas competencias de la Oficina de Propiedad Intelectual comunitaria (EUIPO), con sede en Alicante, sobre los productos alimentarios y las bebidas protegidos en el bloque.
España lidera las protestas contra el acuerdo firmado en diciembre entre la Comisión y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) sobre el papel de esta última en la evaluación de las IG.
Madrid cuenta con el respaldo de 11 países de la UE, entre ellos Francia, Italia y Portugal, según un diplomático.
La participación de la EUIPO en el sistema de indicaciones geográficas ha sido un punto de máxima discordia en el debate sobre las nuevas normas para los productos alimentarios con indicación geográfica protegida, que se adoptó en 2024.
La norma definitiva otorga a la agencia europea funciones administrativas, mientras que la responsabilidad general sigue recayendo en la Dirección General de Agricultura de la Comisión (DG AGRI).
Sin embargo, los países argumentan que el acuerdo recientemente firmado podría dar lugar a la transferencia de importantes tareas de evaluación de nuevas indicaciones geográficas de la DG AGRI a la EUIPO, dado su elevado personal y el alto presupuesto de la agencia.
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«Queremos que el expediente sea examinado por alguien con conocimientos en temas agrícolas», comentó este miércoles un diplomático presente en la conferencia, comparando la evaluación de las IG por parte de la EUIPO con «un abogado que hace un diagnóstico médico».
La mecha de la polémica se encendió el lunes pasado en el Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH), según las mismas fuentes. Los ecos de los debates también llegaron hasta la conferencia de Alicante. Las mismas fuentes confirmaron que las conversaciones continuaron con los funcionarios de la Comisión presentes en el evento.
«Hay una reflexión en marcha, promovida por España, pero aún no hay nada decidido», comentó una fuente diplomática en Bruselas.
Otra fuente diplomática en Bruselas señaló que las discusiones técnicas están en marcha y agregó que impugnar el acuerdo ante el máximo tribunal de la UE (el TJUE de Luxemburgo)) sería un «último recurso».
«Todos confiamos en que se pueda alcanzar un acuerdo sin necesidad de emprender nuevas acciones», añadió la fuente.
Paolo De Castro, ex eurodiputado italiano, quien dirigió las negociaciones sobre el expediente de las IG, explicó a Euractiv que los legisladores europeos tienen claro que la EUIPO sólo debería prestar apoyo, y que la Comisión siempre tendría que tener la última palabra.
Por su parte, el Comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen, ha defendido en varias ocasiones las nuevas competencia de la agencia europea.
En una interpelación a la Comisión el pasado 14 de noviembre, la eurodiputada española Cristina Maestre (S&D) se preguntó si el examen previo exhaustivo podía considerarse una «tarea administrativa».
Hansen respondió por escrito que la evaluación de la EUIPO no será vinculante y que la DG AGRI tendrá la última palabra.
*Angelo Di Mambro y Maria Simon Arboleas colaboraron en este artículo
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[Editado por ADM/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
