Hungría, Polonia y Rumanía se enfrentarán a Pfizer en Bruselas por los contratos de vacunas contra la COVID-19

Bruselas (Euractiv.com) – Abogados de Polonia, Hungría y Rumanía comparecerán ante un tribunal de Bruselas en las próximas semanas para resolver una disputa de larga data sobre pedidos de vacunas contra la COVID-19 por valor de miles de millones de euros, por el mayor contrato de adquisición de la Unión Europea (UE) hasta la fecha.

Los casos ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas forman parte de una demanda judicial más amplia presentada en 2023 por Pfizer y BioNTech, que acusan a esos países de incumplir los compromisos de compra de vacunas acordados en el punto álgido de la pandemia, en la primavera de 2020.

Está previsto que los jueces belgas dicten sentencia sobre el caso de Polonia y Rumanía «a finales de marzo», según han indicado los abogados del caso y un portavoz del tribunal de Bruselas. La sentencia determinará si los países de la UE siguen  legalmente obligados a pagar las dosis que ya no necesitan.

Hungría, por su parte, se enfrentará al equipo jurídico de Pfizer el 16 de abril, añadió el portavoz, aunque aún se desconoce  cuándo se dictará la sentencia definitiva.

Los casos ponen de relieve un inusual enfrentamiento legal entre las grandes empresas farmacéuticas y los países de la UE. Están en disputa no solo miles de millones de euros en dosis impagadas, sino también la credibilidad y transparencia del procedimiento de compra conjunta negociado en parte por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Bruselas negoció en 2021 un ambicioso acuerdo con Pfizer y su socio, tras lo cual los distintos países de la UE decidieron participar realizando pedidos específicos.

Los críticos del acuerdo afirman que el contrato carecía de transparencia e imponía obligaciones jurídicamente vinculantes que exigían a los Estados miembros pagar por las dosis incluso cuando las necesidades relacionadas con la pandemia disminuyeron, lo cual provocó que se desecharan millones de vacunas contra el coronavirus que ya no se necesitaban.

En ese sentido, un portavoz de la Comisión declaró cuando se cerró el acuerdo en mayo de 2021 que «no se vislumbraba el fin de la pandemia».

También afirmó en ese momento que «todos y cada uno de los Estados miembros eran libres de decidir si celebraban un contrato… o se excluían del mismo», y tuvieron tiempo para evaluar las condiciones y los volúmenes de compra.

Bruselas no quiso comentar los procesos judiciales en curso en los que no está implicada.

Más de 2000 millones de euros en facturas de vacunas impagadas

Hungría encargó alrededor de 2 millones de dosis de vacunas en 2021 al precio de 19,5 euros cada una, y también hizo pedidos adicionales en 2022, pero posteriormente trató de retrasar las entregas debido al impacto económico y social de la invasión rusa de Ucrania, y se negó a pagar, según documentos judiciales.

Por ello, Pfizer reclama cerca de 60 millones de euros más intereses, con el argumento que el contrato sigue siendo vinculante, según se lee en los documentos.

Polonia rechazó las entregas en abril de 2022, alegando un exceso de existencias y una caída de la demanda, pero Pfizer reclama un pago de casi 1.400 millones de euros, más intereses, por 60 millones de dosis no entregadas. Varsovia también invocó la fuerza mayor en relación con la guerra en Ucrania.

Según el medio Rynek Zdrowia, se reservaron fondos para cubrir un posible pago hasta 2023. Sin embargo, dado que esos fondos se eliminaron posteriormente y se redirigieron a la atención de pacientes, a las autoridades polacas les preocupa perder el caso y tener que pagara Pfizer una suma mayor mientras luchan contra un déficit galopante. 

En relación con Rumanía, el caso se deriva de la decisión del país de rescindir la entrega y el pago de aproximadamente 28 millones de dosis de vacunas excedentes por un valor aproximado de 615 millones de euros, según explicaron los abogados de ese país, que no quisieron especificar los motivos.

Los acuerdos negociados por la Comisión Europea «deben analizarse a la luz del Derecho contractual aplicable y del Derecho de la UE», declararon a Euractiv Alexandru Stanescu e Irina Vasile, socios del despacho legal Lexters que representan a Rumanía.

Añadieron que estos casos reflejan «la campaña más amplia de Pfizer para presionar a los países de la UE en relación con el cumplimiento de los contratos de vacunas contra la COVID, incluso si la situación o las necesidades objetivas de salud pública han cambiado drásticamente».

«Pfizer pretende que estos Estados miembros cumplan los compromisos relativos a los pedidos de vacunas contra la COVID-19 realizados por los gobiernos… en los que Pfizer asumió compromisos sin precedentes en cuanto a garantías de volumen, producción en Europa y muchos otros aspectos», declaró un portavoz de la empresa.

También argumentó que la empresa ha demostrado «una flexibilidad extraordinaria y un compromiso continuo para adaptarse a las situaciones de los Estados miembros».

Los portavoces de Hungría, Rumanía y Polonia no respondieron a una solicitud de comentarios por parte de Euractiv.

Emma Pirnay contribuyó a la elaboración de este reportaje.

///

(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)