La arriesgada apuesta de Meloni para reformar el poder judicial italiano
La reforma apunta a cambiar la estructura interna del poder judicial, y tocaría una de las líneas divisorias más profundas de la política italiana moderna: el enfrentamiento de décadas entre la derecha y la magistratura. Giorgia Meloni ha mantenido un perfil bajo durante la campaña, evitando asociarse demasiado con una batalla que podría resultar contraproducente y dañar su reputación. Una derrota también podría disminuir su imagen de autoridad política en la UE.
Roma/Bruselas (Euractiv.com) – El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está impulsando una reforma del poder judicial que reestructuraría el equilibrio de poder entre jueces y fiscales, al tiempo que contribuiría al debate de la Unión Europea (UE) sobre su independencia.
Los italianos votarán en referéndum sobre una posible reforma constitucional los próximos días 22 y 23 de este mes. Mientras que los partidarios de la reforma afirman que los cambios harían más imparcial el sistema judicial y reducirían el riesgo de sesgos por motivos políticos, los detractores advierten de que se podría debilitar la independencia judicial.
El temor de Meloni es que el referéndum empañe la percepción de fortaleza política de su mandato, según Lorenzo Pregliasco, director de la agencia italiana de sondeos YouTrend.
«Aunque una derrota no sea un voto directo sobre los partidos (…) se pierde un poco esa percepción de que todo lo que se toca políticamente se convierte en éxito», explica Pregliasco a Euractiv.
La reforma apunta a cambiar la estructura interna del poder judicial, y tocaría una de las líneas divisorias más profundas de la política italiana moderna: el enfrentamiento de décadas entre la derecha y la magistratura.
Meloni ha mantenido un perfil bajo durante la campaña, evitando asociarse demasiado con una batalla que podría resultar contraproducente y dañar su reputación.
Una derrota también podría disminuir la imagen de autoridad política que Meloni ha construido en la Unión Europea (UE), donde ha tratado de posicionarse como una figura estable.
Italia y el poder judicial
El choque entre el poder judicial y el poder político se remonta al caso «Manos Limpias» de principios de la década de 1990.
La investigación anticorrupción destapó un sistema nacional de financiación ilegal de los partidos políticos. Ello condujo al desmantelamiento de gran parte de la clase política italiana y al colapso de varios partidos clave, entre ellos la Democracia Cristiana, de centro-derecha, y el Partido Socialista.
Esa percepción se intensificó durante los gobiernos del fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE) en la primera década de los años 2000. Berlusconi pasó varios años luchando contra los fiscales en los tribunales y en público, lo cual aumentó la tensión entre parte de la clase política y la magistratura.
La batalla, que tuvo una gran repercusión mediática, reforzó en los círculos de la derecha la percepción de que los fiscales tenían una influencia excesiva en la vida política del país. En ese contexto, Meloni afirmó que la reforma busca abordar las «degeneraciones ideológicas» del poder judicial, y acusó a los jueces de bloquear la acción del Gobierno en materia de migración y seguridad.
¿De qué trata la reforma?
Italia tiene un sistema de magistrados de carrera que son seleccionados tras una dura oposición y que suelen elegir al principio de su carrera si quieren ser jueces o fiscales. Durante los primeros nueve años de servicio, es posible cambiar de función.
Los jueces y los fiscales también pertenecen al mismo poder judicial y están regulados por el mismo organismo, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
En otros países, esas funciones son profesiones separadas, con trayectorias profesionales e instituciones distintas. El objetivo del Gobierno es precisamente aplicar esa separación. Los partidarios de la reforma sostienen que esa proximidad institucional podría socavar la imagen de neutralidad de los jueces en los juicios penales.
La reforma crearía dos nuevos órganos y cambiaría la forma de seleccionar a sus miembros. En la actualidad, 20 de los 33 miembros del órgano rector son magistrados elegidos internamente por los jueces. El Gobierno quiere introducir un mecanismo de sorteo, en virtud del cual los miembros magistrados serían seleccionados al azar de entre un grupo de candidatos elegibles. El presidente de la República seguiría siendo el garante de ambos órganos.
Otro elemento clave de la reforma es la creación de un Tribunal Superior Disciplinario, que asumiría las competencias disciplinarias que actualmente ejerce el órgano rector.
El nuevo órgano estaría compuesto por 15 miembros (nueve magistrados y seis miembros legos), varios de los cuales serían elegidos por sorteo, otros nombrados por el presidente de la República italiana o seleccionados de listas elaboradas por el Parlamento.
El Gobierno afirma que todas esas medidas debilitarán la influencia de las distintas corrientes en el seno del poder judicial.
Esos grupos organizados operan en el seno de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), el principal organismo profesional del poder judicial, y han sido acusados por el Gobierno de ejercer una influencia excesiva en las elecciones y decisiones del CSM.
En ese sentido, en una entrevista realizada el pasado febrero, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, considerado por muchos como el artífice de la reforma, comparó el consejo con un «mecanismo mafioso».
La arriesgada apuesta de Meloni
Las últimas encuestas apuntan a un resultado reñido, y vaticinan que la participación será probablemente un factor decisivo el día de la votación, todo lo cual podría complicar los planes del Gobierno.
«La derecha parece carecer del impulso necesario para movilizar el apoyo al voto a favor, por lo que sigue siendo una incógnita, especialmente si la participación sigue siendo baja», explica Pregliasco. «Si la participación aumenta, el resultado es más incierto. En cualquier caso, no es un escenario fácil para Meloni».
Pregliasco apunta también a un reto estructural para el centro-derecha y asegura que no es «una votación fácil» para el electorado, que no está acostumbrado a votar en referendos. Esos votantes, asegura, tienden a movilizarse principalmente cuando perciben un interés político importante.
Una menor participación podría favorecer a los partidarios del «no», cuyos partidarios parecen actualmente más motivados para votar, afirmó.
(Elisa Braun ha colaborado en este artículo)
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)
