La Fiscalía Europea investiga la modernización ferroviaria financiada por la UE, tras el accidente de Adamuz
El caso se suma a la creciente presión sobre el sector ferroviario español en materia de transparencia y supervisión, y se produce en el contexto de escándalos de corrupción en el Ministerio de Transportes.
Madrid (Euractiv)- La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un presunto fraude con fondos de la UE relacionado con la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde un accidente ferroviario ocurrido en enero se cobró la vida de 46 personas.
La Fiscalía Europea (EPPO) examinará las obras cerca de Adamuz, en el sur de España, donde los vagones traseros de un tren de alta velocidad de Iryo descarrilaron en enero antes de ser embestidos por un tren de RENFE que circulaba en sentido contrario.
Las autoridades españolas descartaron inicialmente un fallo en la infraestructura o un mantenimiento deficiente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la línea había sido «completamente renovada» entre 2021 y 2025, con un coste de 700 millones de euros. Ante el creciente escrutinio, aclaró posteriormente que «renovación completa» no significaba necesariamente la sustitución de todos los tramos de vía.
La renovación fue financiada en parte por el Fondo de Desarrollo Regional de la UE (FEDER), con un reembolso de 110 millones de euros para las obras —incluido el tramo de Adamuz— aprobado por la Comisión en 2024.
No se revelarían más detalles en esta fase
En un comunicado, la Fiscalía Europea (EPPO) afirmó el viernes que su «confirmación excepcional» de la investigación reflejaba un «gran interés público», y añadió que no se revelarían más detalles en esta fase. Un tribunal local de Córdoba está llevando a cabo una investigación paralela para examinar la causa del accidente y la posible responsabilidad penal.
Por otra parte, según informan medios españoles, el organismo español de investigación de accidentes CIAF está examinando si una fractura en un carril o en una soldadura —que podría haberse producido horas antes del choque— podría haber causado el descarrilamiento.
El caso se suma a la creciente presión sobre el sector ferroviario español en materia de transparencia y supervisión, y se produce en el contexto de escándalos de corrupción más amplios en el Ministerio de Transportes, uno de los mayores receptores de fondos de la UE del país.
El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García están siendo investigados actualmente por un presunto sistema de comisiones ilegales relacionado con contratos públicos, y la investigación se extiende a altos cargos, entre los que se incluyen figuras vinculadas al operador ferroviario estatal ADIF.
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(Editado por cs/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)
