«La política, y no la delincuencia, es el verdadero reto contra la corrupción», según la Fiscal europea

La EPPO, una fiscalía independiente creada en 2021 con el objetivo de combatir los delitos financieros graves contra la UE, ha abierto bajo su mandato más de 3 600 casos, ha congelado más de mil millones de euros de organizaciones criminales, incluida la mafia más peligrosa del mundo, y, en ocasiones, ha puesto en el punto de mira a algunas de las figuras más destacadas del bloque.

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La Fiscal Jefe europea, Laura Kövesi, en una imagen de archivo.
La Fiscal Jefe europea, Laura Kövesi, en una imagen de archivo. [Photo by Sarantis Michalopoulos | Euractiv]

Bruselas (Euractiv.com) – La política y no la delincuencia son el «verdadero reto» en la lucha contra la corrupción, afirmó la Fiscal Jefe europea, Laura Kövesi, en una entrevista con Euractiv.

En su opinión, su mayor reto nunca fue si la Unión Europea (UE) sería capaz de crear una fiscalía independiente (la EPPO por sus siglas en ingles), sino si Europa estaba dispuesta a dejar que esta hiciera su trabajo.

Kövesi está a punto de acabar su mandato, durante el cual la parte más dura, según asegura, fue luchar contra la tendencia institucional de la UE a suavizar, retrasar y burocratizar la lucha contra el fraude y la corrupción.

La EPPO, una fiscalía independiente creada en 2021 con el objetivo de combatir los delitos financieros graves contra la UE, ha abierto bajo su mandato más de 3 600 casos, ha congelado más de mil millones de euros de organizaciones criminales, incluida la mafia más peligrosa del mundo, y, en ocasiones, ha puesto en el punto de mira a algunas de las figuras más destacadas del bloque.

Sin embargo, en uno de los momentos más duros de su mandato, Kövesi afirmó que un alto funcionario de la Comisión Europea le dijo que moderara sus declaraciones públicas sobre la magnitud de los casos de corrupción y fraude que estaba descubriendo su oficina.

«Le dije: ¿Cómo se atreve a decirme esto? Somos independientes. Y si hay un caso, es nuestro mandato investigarlo», recordó Kovesi, al tiempo que señaló que no podía hacer la vista gorda ante las acusaciones si estas incluían a altos funcionarios de la UE.

Ese intercambio resume el problema central al que se enfrentó Kövesi durante sus seis años de mandato, que finaliza el próximo otoño: El mayor obstáculo para proteger el dinero de la UE no son solo los delincuentes, sino los sistemas políticos e institucionales del bloque que siguen dificultando enormemente el escrutinio, afirma.

Al final de su mandato, el panorama que describe es el de una EPPO que ha demostrado su valía al tiempo que ha puesto de manifiesto los límites del sistema que la rodea. La UE, afirma,  ha creado múltiples niveles de control destinados a prevenir las irregularidades sin garantizar siempre que funcionen en la práctica.

«Hay muchas autoridades, organismos y oficinas que se supone deben prevenir el fraude, auditar e informar (…) y entonces, un día te das cuenta de que nadie está haciendo realmente lo que debería», afirma.

«Después de 20 años de prevención, miren, ¿es esto suficiente? ¿Es esto suficiente?», afirma, mostrando su informe anual, que el año pasado destapó  cerca de 67 000 millones de euros en presuntos fraudes y otros delitos financieros.

El problema de la inmunidad en la UE

En ningún lugar son más visibles los límites del sistema que en Grecia, donde la EPPO se ganó un elogio público poco habitual por su labor de persecución, pero se topó con normas constitucionales nacionales que protegen a los políticos del escrutinio y bloquean las investigaciones.

Uno de los ejemplos más claros es el accidente ferroviario de Tempi de 2022 en el norte de Grecia, un siniestro en el que murieron 57 personas y que se ha relacionado con el presunto uso indebido de fondos de la UE destinados a la seguridad ferroviaria.

La Fiscalía Europea se hizo cargo del caso, que fue a juicio en Atenas, porque, aunque solo el Parlamento griego puede investigar la responsabilidad política de los funcionarios al mando, los investigadores de la UE nunca tuvieron la oportunidad de llegar tan lejos como querían.

«En este caso, no podemos encontrar pruebas a menos que se modifique la Constitución (…) ya es demasiado tarde, porque las leyes no pueden aplicarse con carácter retroactivo. Por lo tanto, esto es lo máximo que podíamos haber hecho, y no es posible emprender ninguna otra acción», subraya.

En su opinión, el verdadero problema no es que exista la inmunidad de los políticos, sino que esas barreras pueden impedir que los fiscales lleguen siquiera a establecer los hechos y demostrar la culpabilidad o la inocencia. Levantar la inmunidad es solo la condición mínima para que la justicia funcione, afirma. El problema, afirma, está lejos de limitarse a Grecia.

Dentro de las instituciones de la UE, Kövesi también se topó con la resistencia del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ante los intentos de investigar las denuncias de gastos indebidos con fondos de la UE que se remontan a 2022 y en las que está implicado el expresidente del tribunal, Klaus Heiner Lehne, quien rechazó las acusaciones. 

El hecho de que el TCE se resistiera al escrutinio de la fiscalía alegando inmunidad motivó a Kövesi a llevar al TCE ante el máximo tribunal de la UE (el TJUE) en un caso que aún está abierto. «Es una cuestión de principios», afirma.

Rechazo en todo el bloque

Desde el punto de vista operativo, Kövesi señala que la EPPO se enfrenta a limitaciones crónicas de recursos en gran parte del bloque. En Bélgica —sede de muchas instituciones de la UE y un importante centro de fraude aduanero y del IVA— su oficina necesitaba al menos ocho fiscales delegados, pero comenzó con solo dos, a menudo sin suficiente apoyo policial. En un caso importante de fraude, dijo, solo se asignó un único investigador.

«Esa falta de apoyo de los Estados miembros puede afectar a la duración de las investigaciones», señala, en referencia a casos de larga duración que aún no han llegado a su conclusión —incluida la investigación con sede en Bélgica sobre el mayor contrato de adquisición de vacunas de la historia de la UE, que afecta al papel que desempeñó en la pandemia la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Esa resistencia institucional y la falta crónica de recursos chocan ahora con otro punto de presión: la desinformación. 

Kövesi habló con evidente irritación sobre las campañas de desinformación y los ataques personales que acompañan cada vez más a las investigaciones de alto perfil. No es tan duro como la intimidación que sufrió en su día en su Rumanía natal, donde se asesinó a magistrados en la década de 1980. Es más difusa y moderna, con intentos coordinados de desacreditar a los fiscales en público mientras estos siguen sujetos al secreto profesional, especialmente en las redes sociales. 

Eso pasó sobre todo en Grecia y Croacia, donde su equipo fue «atacado sistemáticamente», mientras que ella misma fue blanco de la controvertida Blackcube, una empresa privada de inteligencia ahora envuelta en acusaciones de injerencia extranjera en Eslovenia. «Un fiscal que no tiene enemigos no es un verdadero fiscal», afirma con una sonrisa.

Seguimiento de la situación

Aunque no quiso comentar los casos abiertos relacionados con el Colegio de Europa o el servicio diplomático de la Comisión, Kövesi rechazó las críticas de que la EPPO haya sido demasiado dura en esos casos.

«Si se esconde la suciedad bajo la alfombra, no se gana en credibilidad (…) cuanto más alto es tu cargo en la UE, más estrictos deben ser los estándares. Un alto cargo no hace a nadie más virtuoso que los demás; significa que se debe esperar que sigan las normas más estrictamente»., subraya.

Desde que asumió el cargo en 2021, se ha hecho oír cuando ha sentido que se ignoraban las advertencias de la EPPO.  Ha escrito a la Comisión para señalar obstáculos en los países de la UE, se ha pronunciado públicamente en audiencias parlamentarias y en los medios de comunicación y, cuando ha sido necesario, ha amenazado con emprender acciones legales, incluso contra Bruselas, la institución encargada precisamente de garantizar que la Fiscalía Europea pueda hacer su trabajo.

La respuesta de la Comisión para ayudar a la EPPO a llevar a cabo su labor ha consistido con demasiada frecuencia en informes, auditorías, estudios de consultoría y procesos internos interminables que aportan pocos cambios reales, afirma.

«La Comisión ha iniciado un nuevo estudio otra vez» sobre la gestión de la UE de las demandas de reforma en torno a la aplicación de las normas de la UE que definen el papel de la EPPO en los Estados miembros. «Es una pérdida de tiempo y de recursos, no me da miedo decirlo», afirma. 

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)