Los venezolanos exiliados advierten a la UE contra el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez
La presidenta interina fue sancionada por la UE, que la consideró responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
Madrid (Euractiv) – Disidentes venezolanos advirtieron a la UE contra el levantamiento de las sanciones impuestas a la líder interina Delcy Rodríguez, afirmando que tal medida supondría una «normalización prematura» de las relaciones con Caracas.
La reacción se produce después de que la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, anunciara el lunes que propondría el levantamiento de las sanciones impuestas a Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura por parte de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro en enero. Rodríguez figura en la lista de sanciones de la UE por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
Kallas citó las recientes medidas adoptadas por las autoridades venezolanas, incluida la liberación de algunos detenidos europeos, como motivos para abrir un debate más amplio sobre el reajuste del enfoque de la UE hacia Venezuela.
España había presionado para que se suavizaran las sanciones después de que Caracas aprobara la semana pasada una ley de amnistía limitada, que se espera que indulte a cientos de presos políticos desde el inicio de la era del chavismo en 1999.
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El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó que los nuevos dirigentes venezolanos están avanzando en la «dirección correcta» y entrando en una «nueva fase». Las sanciones contra Rodríguez, argumentó, dificultan el diálogo entre Bruselas y Caracas.
«No es una moderada»
Rodríguez, figura central del régimen chavista, ha ocupado carteras clave tanto con Chávez como con Maduro, entre ellas las de Asuntos Exteriores, Petróleo y Economía, antes de convertirse en vicepresidenta en 2018. Aunque a veces se la describe como una interlocutora pragmática, las figuras de la oposición en el exilio rechazan esa caracterización.
«Delcy Rodríguez no es una moderada», declaró a Euractiv Xiomara Sierra, destacada figura de la oposición venezolana. Afirmó que Rodríguez, cuando era vicepresidenta, tenía autoridad sobre los servicios de inteligencia del país, a los que los investigadores de la ONU han acusado de cometer crímenes contra la humanidad.
«Es incoherente que la UE se jacte de defender los derechos humanos y, al mismo tiempo, considere levantar las sanciones a uno de los principales violadores», añadió Sierra, que vive exiliada en España.
Desde 2017, la UE ha impuesto sanciones —entre ellas un embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición de viajar— a 69 funcionarios venezolanos por violaciones de los derechos humanos y la erosión del orden democrático.
Junto a Rodríguez, también figura en la lista el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hombre fuerte de Maduro que supervisa las fuerzas de seguridad del país. Las medidas se han prorrogado recientemente hasta enero de 2027.
A pesar de la prohibición, Rodríguez entró en Europa al menos en dos ocasiones. Una vez en 2020, para una controvertida reunión clandestina con el ahora encarcelado exministro de Transporte español José Luis Ábalos, y otra vez en 2023 con un «permiso especial» para asistir a la cumbre UE-CELAC en Bruselas.
Antes de suavizar las sanciones, la UE debería evaluar si se han logrado avances reales, afirmó Sergio Contreras, director de Refugiados sin Fronteras, una ONG que ayuda a los venezolanos y también a otros extranjeros residentes en España.
El «mayor centro de tortura» de Venezuela
Contreras, un antiguo preso político que ahora vive en España, estuvo encarcelado en la infame prisión Helicoide de Caracas, un lugar que los activistas de derechos humanos describen como el «mayor centro de tortura» de Venezuela.
«¿Existen condiciones verificables de justicia transicional en Venezuela que justifiquen el levantamiento de las sanciones individuales?», preguntó, añadiendo que las sanciones no son respuestas simbólicas, sino legales a «graves violaciones de los derechos humanos y al colapso del orden constitucional».
Cualquier flexibilización, dijo, debería depender de reformas estructurales, como la independencia judicial, el reconocimiento de las víctimas y las garantías de no repetición. Contreras afirmó que Bruselas debería evaluar si la ley de amnistía realmente restablece todos los derechos de los civiles y militares detenidos arbitrariamente sin dejar lagunas.
Sugiere que los líderes de la UE deberían escuchar a las víctimas del régimen venezolano que residen en la Unión antes de tomar decisiones, ya que, de lo contrario, correrían el riesgo de normalizar «prematuramente» las relaciones con Caracas sin una verdadera rendición de cuentas.
«Una normalización sin justicia», afirmó, «socava los estándares internacionales que Europa ha defendido precisamente durante décadas».
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(Editado por cs, vib/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)
