España insta a Bruselas a no relajar las normas de información del Pacto Verde
En un documento al cual ha tenido acceso Euractiv en Bruselas, España asegura querer aliviar las cargas burocráticas para las empresas, pero señala que la prioridad es "desbloquear los flujos de capital para impulsar la transición ecológica"
Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Gobierno español ha advertido del efecto negativo de una posible relajación de las múltiples normas de la Unión Europea (UE) sobre información sostenible del Pacto Verde, precisamente cuando Bruselas está a punto de seguir el camino de una posible flexibilización.
El próximo miércoles, la Comisión Europea propondrá reducir los requisitos de información en las normas de la UE sobre sostenibilidad empresarial, finanzas verdes y diligencia debida.
Pero en una carta enviada este martes (17 de febrero) al ejecutivo de Bruselas, a la cual ha tenido acceso Euractiv, al tiempo que Madrid expresa su «sincera gratitud» por la nueva “brújula” de simplificación normativa de la Comisión Europea, asegura que las leyes clave sobre financiación sostenible no deberían sufrir modificaciones de gran calado.
«La supresión de determinadas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente nuestra competitividad y, sin embargo, podría enviar una peligrosa señal de retroceso en nuestros valores europeos fundamentales», se asegura en la misiva enviada a Bruselas.
Aunque España no se opone a aplicar retoques que alivien las cargas burocráticas normativas para las empresas, Madrid asegura que la prioridad debería ser «desbloquear los flujos de capital para impulsar la transición verde»
La prevista revisión de las normas de la UE necesita una mayoría del 65% de los ciudadanos de la UE, y para ello España es un actor clave por su peso demográfico.
En ese sentido, España asegura que se deberían mantener «los principales elementos» de las normas en vigor -en base a la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD)– según se señala en la misiva, aunque Madrid admite que las empresas más pequeñas deben estar sujetas a requisitos de información climática «obligatorios, aunque proporcionados».
En cuanto a las normas de la UE sobre la taxonomía de las finanzas verdes, también objeto de simplificación, España se opone a una reapertura de la ley, pero subraya que la Comisión Europea podría «racionalizar» el principio fundamental de «no causar daños significativos», lo que podría permitir que más inversiones se calificaran de «sostenibles».
El gobierno de Pedro Sánchez argumenta que ese enfoque sería preferible a cambiar la ley subyacente, que según Madrid se ha convertido en un eje del marco jurídico de la UE «con vínculos directos» a una red de normas de divulgación, estándares de bonos y requisitos de información.
Madrid advierte de que «debería evitarse» la revisión de las normas de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas, que se centran en las cadenas de suministro, y destaca el papel de la norma para demostrar el liderazgo ecológico del bloque a escala mundial.
Los grandes grupos empresariales europeos han pedido en reiteradas ocasiones eliminar la –ya suavizada- CSRD.
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[Editado por DC/OM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
