Bangladesh en llamas: ¿Dónde está la UE?

A pesar de la creciente persecución de las minorías religiosas en Bangladesh desde agosto de 2024, la Unión Europea no ha tomado medidas sustanciales ni ha abordado las crecientes violaciones de los derechos humanos, escriben Gauri Khandekar y Paulo Casaca.

Gauri Khandekar es investigadora asociada en la Brussels School of Governance de la Vrije Universiteit Brussel, y Paulo Casaca es director del South Asia Democratic Forum.

Bangladesh se enfrenta a una intensa agitación política y social tras la destitución de la primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024.

Hasina, que obtuvo un cuarto mandato consecutivo en enero de 2024, se enfrentó a protestas generalizadas lideradas por el movimiento Estudiantes contra la Discriminación (SAD), que se oponía a su sistema de cuotas para los empleos públicos.

Inicialmente diseñadas para beneficiar a los combatientes por la libertad de la guerra de independencia de 1971, las cuotas se percibieron como un favor desproporcionado a su partido, la Liga Awami.

Tras la destitución de Hasina, el ejército bangladeshí facilitó un gobierno provisional presidido por el premio Nobel Muhammad Yunus.

Sin embargo, la crisis se ha agravado, con una escalada de la violencia y la persecución de las minorías hasta niveles nunca vistos desde el genocidio de 1971. La Liga Awami y su aliado, el Partido Jatiya, han sido especialmente atacados.

A principios de este mes, la sede de Jatiya fue incendiada, mientras que los líderes educativos, incluidos vicerrectores y directores de escuela, también se han visto obligados a dimitir bajo presión.

Se ha culpado ampliamente al SAD de esta violencia. Sus dirigentes admiten que su objetivo es el cambio de régimen, y algunos miembros tienen vínculos con grupos radicales como Hizb-ut-Tahrir e Islami Chatra Shibir. Esto hace temer un resurgimiento del fundamentalismo islámico, que Hasina había contenido para preservar la identidad laica de Bangladesh.

Esta violencia refleja un patrón en el que las minorías se llevan la peor parte de la inestabilidad política.

Los hindúes, que ahora representan el 7,95% de la población, eran antes el 20%. Otros grupos vulnerables son los cristianos (0,30%), los budistas (0,61%) y las comunidades más pequeñas (0,12%). El FIIDS ha documentado más de 200 agresiones a minorías en 52 distritos desde agosto.

Los hindúes han sufrido desproporcionadamente, con ataques a sus hogares, negocios y templos, mientras que los líderes de la comunidad se enfrentan a cargos de sedición.

La detención del monje hindú Chinmoy Krishna Das, líder de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), supuso una preocupante escalada. Detenido en octubre por sedición, Das fue acusado de faltar al respeto a la bandera nacional durante un mitin.

Esto llevó a que se prohibiera ISKCON por dudosos motivos de terrorismo. ISKCON, grupo pacifista reconocido en todo el mundo, desempeñó un papel crucial en la sensibilización sobre el genocidio de 1971, cuando Bangladesh era Pakistán Oriental.

Yunus ha tachado los ataques contra los hindúes de motivaciones políticas relacionadas con su supuesto apoyo a Hasina. Al mismo tiempo, su gobierno ha puesto en libertad a extremistas islamistas condenados por terrorismo, entre ellos Jashimuddin Rahmani, vinculado a Ansarullah Bangla Team (ABT), y los líderes de Jamaat-e-Islami, el general de brigada Abdullahil Aman Azmi y el abogado Ahmad Bin Quasem.

Según la Constitución de Bangladesh, las elecciones generales deberían haberse celebrado en un plazo de 90 días desde la disolución del Parlamento, pero Yunus no ha facilitado un calendario claro.

Prometió elecciones sólo después de «reformas esenciales», al tiempo que formaba un polémico comité para modificar la Constitución sin mandato democrático. Estas acciones han aumentado la preocupación por la deriva autoritaria de Bangladesh.

Sin una intervención internacional, Bangladesh corre el riesgo de sumirse en un caos similar al del Afganistán controlado por los talibanes. La creciente influencia de los grupos extremistas subraya la urgente necesidad de atención mundial para evitar una mayor desestabilización.

La UE, uno de los mayores donantes de ayuda de Bangladesh y el mayor destino de las exportaciones bangladesíes (alrededor del 60% a la UE en el marco del programa «Todo menos armas»), puede contribuir a restablecer la estabilidad.

La UE debe utilizar su influencia para garantizar el fin inmediato de la persecución de las minorías religiosas y apoyar el retorno a la democracia. La talibanización de Bangladesh no sólo desestabilizaría la región, sino que también amenazaría los intereses de la UE en la región Asia-Pacífico.

A pesar de algunas reuniones bilaterales entre el gobierno interino y la UE a finales de octubre y principios de noviembre, apenas ha habido críticas expresas a la deriva autoritaria del país.

Aún más preocupante es la total inacción del Parlamento Europeo (PE), que no ha adoptado ninguna resolución condenando la escalada de violencia, los abusos de los derechos humanos o el retroceso democrático.

Este silencio contrasta con el historial del PE a la hora de abordar crisis en otras partes del mundo y socava la credibilidad de la UE como defensora de los derechos humanos y los valores democráticos.

Mientras tanto, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los ataques sistemáticos a las minorías no han hecho más que intensificarse.

La UE debe considerar la suspensión de la ayuda y la imposición de sanciones a menos que se produzca un retorno inmediato y pacífico a los procesos democráticos.

Hacer la vista gorda ante la situación de Bangladesh socavaría la reputación de la UE como promotora de la democracia y disminuiría su posición como actor creíble en la región Asia-Pacífico.