España adaptará la ley sobre la cadena alimentaria a la directiva de la UE

Manifestación de agricultores, que protestan por los bajos precios y para reclamar un futuro. [EFE/Pedro Puente Hoyos]

Madrid (EuroEFE).- España modificará la Ley sobre la cadena alimentaria para adaptarla a la directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas para el suministro agrícola y alimentario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha comunicado a las organizaciones agrícolas españolas que el anteproyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria se someterá a la exposición pública “en las próximas semanas”. El objetivo es que pueda llegar al Congreso en los próximos once meses.

La directiva europea obliga a los Estados miembros a transponer su contenido a la legislación nacional a más tardar el 1 de mayo de 2021 y a estar plenamente en vigor el 1 de noviembre del mismo año.

Según ha apuntado el ministro Planas, la modificación incluirá “todas” las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria.

El ministro de Agricultura, Luis Planas. EFE/ Luca Piergiovanni

Qué dice la directiva de la UE

El artículo 3 de la directiva europea sobre la cadena alimentaria prohíbe las “prácticas comerciales desleales”. Y específicamente que el comprador:

  • devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas
  • que se cargue al proveedor un pago como condición por el almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista de precios de sus productos agrícolas y alimentarios, o su puesta a disposición en el mercado
  • que el comprador exija al proveedor que asuma total o parcialmente el coste de aquellos descuentos de los productos agrícolas y alimentarios vendidos por el comprador como parte de una promoción;
  • que exija al proveedor que pague por la publicidad de productos agrícolas y alimentarios realizada por el comprador
  • que exija al proveedor que pague por la comercialización por parte del comprador de productos agrícolas y alimentarios
  • que el comprador cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los productos del proveedor.

Puede leer el contenido de la directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.

La directiva establece que el comprador pague al proveedor antes de 30 días cuando se trata de productos agrícolas y alimentarios perecederos, y de 60 días para “otros productos agrícolas y alimentarios”.

Según la directiva, “la morosidad en el pago de productos agrícolas y alimentarios, incluida la de productos perecederos, así como la cancelación con escasa antelación de los pedidos de productos perecederos, repercuten negativamente en la viabilidad económica del proveedor, sin aportarle compensación a cambio. Por ello -dice la directiva- deben prohibirse tales prácticas”.

Existe también un problema relacionado con las quejas: en ocasiones cuando se recurre al derecho contractual o a la autorregulación, esto no siempre funciona, por el temor a represalias comerciales contra el denunciante y al riesgo financiero que supone desafiar tales prácticas.

El Parlamento Europeo, en su exposición de motivos cuando discutió esta directiva, se mostró muy crítico por la heterogeneidad de las normas en los distintos estados miembros para evitar las prácticas comerciales desleales. También sobre la autorregulación, sobre todo porque es voluntarias: algunas asociaciones europeas criticaron su falta de confidencialidad.

La directiva también marca unos baremos para el ámbito de aplicación, teniendo en cuenta el volumen de negocios de proveedores y compradores, que van en un escalonamiento paulatino desde un volumen de negocios de menos de 2 millones de euros del proveedor  hasta los más de 350 millones del comprador.

El Gobierno español se compromete a reformar la ley

El Gobierno se ha comprometido a reformar este mismo año la Ley sobre la cadena alimentaria y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción), una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario.

Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estado.

Además, el ministro pretende reunir la semana próxima el Observatorio de Precios de la cadena para determinar qué sectores son los que se encuentran en una peor situación.

Por otra parte, se ha referido a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para defender que es un compromiso “político y social del Gobierno”, pero ha mostrado la voluntad de estudiar si esa medida puede generar algún impacto en la rentabilidad de las explotaciones para “arbitrar”, en su caso, las medidas que fueran pertinentes.

Conseguir un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura Política Agraria Común (PAC) y ampliar los mercados de destino son otros ejes que el ministro ve esenciales para ayudar al sector.

Las asociaciones seguirán protestando

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha mostrado su disposición a seguir trabajando con el ministro, pero ha apuntado que mantendrán las protestas porque lo ve “justo y legítimo”, ya que las medidas “no se adoptan de un día para otro”.

Barato ha insistido en que la subida del SMI es la “puntilla” al sector agrario, que “tanto problemas tiene”.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en seguir con las protestas para que se “dé una respuesta concreta” y “lo más inmediata” posible a la crisis.

Blanco ha valorado el paquete de acciones y se darán un “margen” para poder evaluar su ejecución y sus efectos.

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, cree que el “mensaje” lanzado por los agricultores en la calle “ha llegado” al Ministerio: por “primera vez, vemos que se reconoce que tenemos razón en lo que denunciamos”.

Entre las propuestas de Planas, ha valorado el compromiso de modificar la Ley de la cadena alimentaria, que espera que se ejecute “cuanto antes”.

La norma española de “venta a pérdida”

La venta a pérdida en España está regulada por el Real Decreto-Ley 2018, de 7 de diciembre, de “medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España”.

Este Real Decreto responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE C‑295/16, Europamur Alimentación, S. A., y Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tumbó la norma nacional porque, dijo, contiene una prohibición general de ofertar o realizar ventas de
bienes con pérdida y que establece excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la propia directiva.

El Gobierno entonces eliminó la prohibición con carácter general y vinculó la venta a pérdidas a cuatro supuestos de competencia desleal: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos de la misma tienda, cuando quiera desacreditar la imagen de un producto o establecimiento ajeno, cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidir, o cuando proporcione información falsa o engañosa sobre el precio o la existencia de ventajas específicas.

Si ninguna de estas hipótesis se prueba, no se podrá sancionar a los que incurran en venta a pérdidas.