España aprueba esta semana una renta mínima que llegará a 2,3 millones de personas

Un hombre pide limosna en el centro de Barcelona. [EFE/Enric Fontcuberta]

Madrid (EuroEFE).- El Consejo de Ministros aprueba esta semana un ingreso mínimo vital en España que oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales y que llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas, que sufren pobreza severa.

Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros de mañana o uno extraordinario a finales de esta semana dará luz verde a este ingreso mínimo estatal mediante un decreto ley, aunque podría ser tramitado como proyecto de ley.

Esta nueva prestación comenzará a cobrarse en junio en unos 100.000 hogares correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado fin de semana que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.

España se sumará así a otros países que ya tienen fórmulas parecidas a ingresos mínimos vitales, como Italia y Portugal -que la conceden si el beneficiario no deja de buscar empleo- o Francia, que la otorga a los mayores de 25 años que perciban ingresos bajos.

En total, podrán beneficiarse de este ingreso mínimo cerca de 850.000 hogares, que agrupan a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo sea inferior a los 230 euros al mes, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

La epidemia de coronavirus ha engrosado las cifras de pobreza en España. EFE/ Banco de alimentos de Madrid

Escrivá también ha adelantado que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.

Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.

Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, el ministro ya ha detallado que “para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas”.

También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.

La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones con la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, que abogaba, ante la pandemia del COVID, por un ingreso mínimo vital transitorio antes de aprobarse este definitivo.

Finalmente, han prevalecido los plazos y los planteamientos del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha defendido el carácter permanente de la medida y su aprobación en la segunda quincena de mayo.

Bruselas ha pedido a España reforzar su sistema sanitario y medidas para el empleo

En las últimas recomendaciones de la Comisión Europea a España, el pasado 20 de mayo, se le pidió que reforzara su sistema sanitario después de que el brote de coronavirus revelara “problemas estructurales”, así como medidas para proteger el empleo y las rentas de las familias.

El informe da cuenta del ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno, pero la CE señaló que todavía era pronto para evaluar su impacto sobre la pobreza y sobre su sostenibilidad a medio plazo.

En un reciente foro, el comisario para la promoción de Vida europeo, Margaritis Schinas, se refirió también al ingreso mínimo vital, del que dijo que “también es una prioridad” para la Comisión, con el objetivo de avanzar hacia una Europa “de oportunidades” que no se olvide de proteger a sus ciudadanos.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales criticó este lunes la “opacidad” con la que se ha llevado la gestación de esta medida y manifestó su temor de que esta prestación no sierva para hacer frente al incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia de coronavirus.