CESE: Los cuidadores domésticos necesitan políticas europeas que los protejan

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Una pareja de ancianos pasa ante el Hospital de La Paz, en Madrid- EFE/Mariscal

Dado el enorme riesgo que entraña la pandemia de coronavirus para las personas de edad avanzada y con una salud frágil, la difícil situación de los cuidadores domésticos internos, pero también de quienes reciben la asistencia en Europa, nunca ha sido tan importante, escribe Adam Rogalewski, del Consejo Económico y Social Europeo (CESE).

Fotografía cedida por el Consejo Económico y Social Europeo de Adam Rogalewski en la sesión plenaria de este organismo en Bruselas el 26 de septiembre de 2019.  EFE/CESE/Jasper Jacobs/Isopix

 

No existen cifras fiables sobre el número exacto de trabajadores que se ocupan en Europa de los ancianos, los enfermos en estado crítico o las personas con discapacidad en sus hogares, pero se calcula que son cientos de miles, o quizá más. En su mayoría son mujeres migrantes, o mujeres de Europa del Este, a menudo infrarremuneradas, sin contrato o con contratos simulados que trabajan veinticuatro horas los siete días de la semana, a veces en condiciones que se asemejan a una esclavitud moderna. Y mientras que los beneficiarios de los cuidados puede que elijan este tipo de asistencia porque no pueden permitirse ninguna otra, en este mercado no regulado les resulta imposible saber si la asistencia que reciben tendrá la calidad que tan urgentemente necesitan.

La crisis sin precedentes causada por la pandemia del coronavirus ha sacado a la luz de forma terrible la total desatención de estos trabajadores, empujados a la primera línea de esta situación de emergencia sanitaria mundial, y una vez más abandonados en muchos casos.

Se quedan fuera de las medidas gubernamentales de apoyo a las empresas y otras profesiones para absorber las perturbaciones económicas y sociales de la pandemia. Ante los temores sobre el virus, muchos de ellos están perdiendo su trabajo de la noche a la mañana. Por otro lado, los medios de comunicación de algunos países han informado de que muchas personas mayores o enfermas dependientes de la asistencia se han encontrado abandonadas, dado que sus cuidadores han regresado a sus países para permanecer con sus familias. Algunos cuidadores domésticos internos se ven obligados a renunciar a sus trabajos y no pueden volver ni ser contratados debido a las restricciones de viaje establecidas por muchos Estados miembros.

Pero, incluso antes de la crisis, la situación distaba mucho de ser positiva, a pesar de la creciente demanda de servicios asistenciales. La población europea no deja de envejecer. En la actualidad, muchas personas mayores prefieren ser atendidas en sus hogares, pero el aumento de la demanda de asistencia doméstica interna también se debe a la falta de infraestructuras de asistencia en numerosos países, en muchos casos como consecuencia de las medidas de austeridad y la persistente falta de inversiones.

Por desgracia, los responsables políticos de la UE y muchos de los Estados miembros suelen ignorar la creciente demanda de cuidadores domésticos internos. Parece que los responsables políticos piensan que, si no hacen nada para afrontar los crecientes retos de los servicios asistenciales, el problema desaparecerá. Por supuesto, no es así y, en realidad, observamos que la carga de proporcionar y financiar los cuidados de larga duración recae en las familias.

Por ejemplo, en Alemania solo en 2017 había 3,4 millones de ciudadanos que necesitaban asistencia y el 76 % la recibía en sus hogares. Varios estudios calculan que unos 500 000 beneficiarios de asistencia son atendidos por cuidadores domésticos internos, que pueden ser ciudadanos de la UE procedentes de países de Europa oriental o nacionales de terceros países. La situación es parecida en Italia.

El informe sobre la situación del sector de la asistencia doméstica interna en la UE, publicado en marzo por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), expone claramente muchos de los problemas estructurales que afectan al trabajo de asistencia doméstica interna, en especial que funciona gracias a la explotación de mujeres migrantes y capaces de desplazarse y que esto no solo es inmoral, sino que también es insostenible.

Las principales conclusiones del informe indican que la falta de una reglamentación adecuada socava la prestación de una asistencia digna. Por lo tanto, es necesario regularizar el sector de la asistencia doméstica interna y trasladar el debate sobre su futuro desde el ámbito nacional al de la UE. El trabajo de los cuidados domésticos internos debe reconocerse y profesionalizarse con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y la prestación de servicios. Además, las partes interesadas subrayan la necesidad de una mayor participación del Estado para subvencionar la asistencia.

Nuestro informe demuestra la necesidad de encontrar urgentemente recursos y capital político para planificar, gestionar y financiar de forma sostenible las políticas de asistencia de larga duración. Ello reviste especial importancia en el debate sobre los retos demográficos de Europa. No debemos olvidar que no solo envejece la población europea, sino también los cuidadores domésticos internos. La edad media de un cuidador doméstico interno procedente de Europa oriental es de 50 años. Por consiguiente, en el futuro no solo se registrará una mayor demanda de asistencia, sino, sobre todo, un número cada vez menor de prestadores de asistencia doméstica interna disponibles.

El futuro de la asistencia doméstica interna está indudablemente relacionado con el futuro de los cuidados de larga duración y, como tal, debe incluirse en las políticas relacionadas con las perspectivas demográficas de la UE. Los Estados miembros no serán capaces de ofrecer y subvencionar por sí solos los cuidados de larga duración. Además, Europa no puede depender de que los trabajadores extranjeros cuiden de su población de edad avanzada. Esto no solo es inmoral sino también insostenible e irresponsable respecto de la prestación de asistencia.

En una nota final más positiva, cabe albergar esperanzas para el futuro de la asistencia. Puesto que no podemos externalizar los servicios asistenciales, tenemos que considerar el sector de la asistencia como una fuente potencial de creación de empleo y crecimiento empresarial en Europa. Si el sector está regulado de forma adecuada para garantizar también la igualdad de condiciones para los empresarios, aportará beneficios económicos a todas las partes interesadas, como ingresos para las empresas y, asimismo, para los Estados miembros mediante la fiscalidad, y un servicio de asistencia de calidad para los usuarios. Es una oportunidad que debemos aprovechar, en primer lugar, por las personas mayores y vulnerables que merecen una atención digna, así como por los cuidadores que realizan una contribución muy importante a nuestra sociedad. Pero también debemos aprovechar los beneficios de esta oportunidad para luchar contra el desempleo, que sin duda va a aumentar con la actual pandemia de coronavirus, y generar bienestar social.

En consecuencia, debemos tener una política europea de inversión en cuidados de larga duración similar al plan de inversiones de Juncker o al reciente Pacto Verde. Tenemos que contar con un Pacto para la tercera edad para abordar los retos de los sectores de la asistencia doméstica interna y a largo plazo, que no dejarán de crecer.

Al fin y al cabo, la regulación de los servicios de asistencia doméstica interna también es fundamental para aplicar con éxito el pilar europeo de derechos sociales, cuyo principio 18 señala que todos los europeos tienen derecho a unos cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad.

Para saber más:

Adam Rogalewski

Miembro del Comité Económico y Social Europeo y coautor del informe del CESEEl futuro de la asistencia doméstica interna en Europa” . El informe se publicó tras las visitas de estudio del CESE al Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia en 2017 y 2018, elegidos por ser países de origen y destino de cuidadores domésticos internos. Las visitas dieron seguimiento al Dictamen de iniciativa del CESE sobre los derechos de los cuidadores domésticos internos, publicado en 2016 como primer documento político de la UE sobre este tema.