La tasa Google se abre camino en España

Fotografía del pasado 29 de mayo de 2020 que muestra la sede de Google, en Mountain View, California (EE.UU.). EFE/ Marc Arcas

Madrid (EuroEFE).- El nuevo impuesto a determinados servicios digitales, la llamada “tasa Google”, continúa su tramitación parlamentaria tras superar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Ciudadanos con el objetivo de adaptar la fiscalidad a la economía del siglo XXI.

El Pleno del Congreso ha rechazado, con 198 votos en contra y 148 a favor, las enmiendas de veto de PP, VOX y Ciudadanos que pretendían evitar la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

De esta forma, este Proyecto de Ley, por el que el Ejecutivo pretende anticipar la implantación de un nuevo impuesto de servicios digitales mientras se consensúa un gravamen a nivel internacional o europeo, pasará a la Comisión de Hacienda de Congreso para empezar a debatirse las más de 90 enmiendas parciales que se han registrado.

Una “fiscalidad del siglo XXI”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que este tributo adapta la fiscalidad empresarial española a la economía digital, una “fiscalidad del siglo XXI” que pretende resolver las deficiencias del actual sistema a la hora de gravar negocios capaces de funcionar sin presencia física o de crear valor con la contribución de los usuarios finales.

Sin embargo, PP, VOX y Ciudadanos han criticado que el Gobierno pretenda poner en marcha este tributo antes de que exista una armonización internacional, lo que a su juicio podría perjudicar a la economía española.

El diputado del PP Javier Bas ha considerado que “este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales” y ha criticado el “afán recaudatorio innato en la izquierda”.

En la misma línea, el diputado de VOX Rodrigo Jiménez ha señalado que el Gobierno opta por “una brutal subida de impuestos” en lugar de reducir gastos, lo que “provocará una mayor recesión y menor inversión y, por tanto, menor recaudación”.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez ha señalado que aunque “está de acuerdo” en concreto con este impuesto, “ahora no es el momento” y ha pedido esperar a un acuerdo internacional.

Montero ha criticado que este planteamiento no es “ultraliberal, sino ultrainfantil” y roza la irresponsabilidad al ignorar que se necesitan recursos para sostener el Estado del bienestar, una “fachada” que no se corresponde con la reclamación de mayor gasto público que estos mismos partidos han hecho durante la pandemia.

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Unos mil millones de euros de recaudación

La “tasa Google” pretende gravar con un 3 % los ingresos que las grandes tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario, con lo que quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista.

Con este impuesto, el Ejecutivo pretendía recaudar unos 1.200 millones de euros, aunque posteriormente rebajó esta cifra a unos 968 euros por la ralentización económica incluso sin tener en cuenta el impacto de la COVID-19.

Afectará a las empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España, por lo que la ministra ha rechazado las críticas lanzadas por los tres grupos sobre el incremento de costes que esta tasa supondría para las pymes.

El Gobierno, además, dejará en suspenso la liquidación de este impuesto hasta al menos el 20 de diciembre de este año, pero en sus enmiendas PP y Ciudadanos piden que se retrase al 1 de enero de 2021.

También alertaban los grupos de posibles represalias por parte de EEUU a España, como ya ha ocurrido esta semana con la apertura de una investigación por parte de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos.

El Gobierno ya ha anunciado que mantendrá el impuesto porque no discrimina a ninguna empresa por su nacionalidad y porque se aplicará por criterios objetivos, basados en la facturación de las compañías y con la máxima de que se paguen los impuestos allí donde se obtienen los beneficios.

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