Los países de la UE pueden recabar datos de comunicaciones por seguridad nacional

Una mujer habla por teléfono en una calle de Kiev (Ucrania). EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/ARCHIVO

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) pueden derogar la obligación de mantener la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas si existe una amenaza grave para su seguridad nacional que sea real y actual o previsible, según sentenció este martes el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En dos sentencias sobre varios casos planteados por tribunales británicos, franceses y belgas, la corte estimó que el derecho europeo se opone en general a que los Estados obliguen a los operadores de telecomunicaciones a transmitir o conservar de forma generalizada e indiferenciada los datos sobre el tráfico y localización de las comunicaciones.

Esto es así aún cuando lo hagan por motivos de seguridad nacional o para perseguir en general las infracciones puesto que se trata de injerencias graves en los derechos fundamentales, explicó en un comunicado la máxima instancia judicial comunitaria.

Sin embargo, el TJUE precisa que “en situaciones en las que un Estado miembro haga frente a una amenaza grave para la seguridad nacional que se compruebe real y actual o previsible”, este puede imponer este tipo de medidas, derogando así la obligación de mantener la confidencialidad de las comunicaciones.

Ahora bien, los datos sobre el tráfico y la localización de las comunicaciones solo podrán conservarse por una duración limitada al mínimo estrictamente necesario, que podrá renovarse si la amenaza persiste, y bajo control judicial o de una administración independiente.

Cuando se trate de la lucha contra la criminalidad o de prevenir amenazas a la seguridad nacional, los Estados pueden también conservar datos, ya no de forma generalizada, sino limitada a ciertas categorías de personas o en función de criterios geográficos.

Pero siempre sobre la base de elementos “objetivos y no discriminatorios” y por el tiempo mínimo necesario.

La directiva europea en cuestión, relativa a “vida privada y comunicaciones electrónicas”, tampoco se opone a que se conserven los datos más allá de los plazos legales cundo sea para elucidar infracciones penales graves o contra la seguridad nacional, siempre y cuando estas acciones ya se hayan constatado o pueda haber una sospecha razonable.

Los Estados pueden también pedir a los operadores que recaben datos en tiempo real cuando afecte solo a personas sospechosas de estar implicadas en actividades de terrorismo y siempre bajo control previo de una jurisdicción o administración independiente, según el TJUE.

La normativa europea permite, por otra parte, conservar las direcciones IP vinculadas a una fuente de comunicaciones, solo por el tiempo mínimo estrictamente necesario, así como la información sobre la identidad civil de los usuarios de medios de comunicación electrónicos, en este caso sin límite temporal.

En los últimos años, la corte europea ha emitido sentencias sobre la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas que apuntaron en particular a la prohibición de pedir a los operadores que conserven de forma generalizada e indiferenciada los datos sobre las mismas.

“Esto ha suscitado preocupación en algunos Estados que temen haber sido privados de un instrumento que estiman necesario para salvaguardar la seguridad nacional y para la lucha contra la criminalidad”, explicó en un comunicado el propio TJUE sobre el contexto de las sentencias emitidas hoy, que son vinculantes para los Veintisiete.

Editado por Miriam Burgués