Advertencia del Tribunal UE contra la morosidad de las administraciones públicas

Construcción de un túnel en San Sebastián. [EFE/Javier Etxezarreta]

Bruselas (EuroEFE).- Advertencia del Tribunal de Justicia de la UE a las administraciones públicas. Los Estados miembros de la UE deben velar por que éstas paguen sus operaciones comerciales con empresas privadas dentro de los plazos que estipule la ley. Una sentencia que condena a Italia pero que sienta jurisprudencia en el resto de Estados miembros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este martes que Italia ha infringido las normas comunitarias al no velar por que sus administraciones públicas paguen en sus operaciones comerciales con empresas privadas dentro de los plazos máximos de 30 o 60 días fijados por estas.

La autoridades italianas deberán garantizar que sus poderes públicos pagan a tiempo, o de lo contrario la Comisión Europea podría solicitar al tribunal la imposición de una multa.

El caso se remonta a 2014, cuando el Ejecutivo comunitario abrió expediente a Italia a raíz de una serie de quejas por la morosidad de las administraciones. Según los informes enviados por las autoridades italianas, en 2016 el plazo medio de pago fue de 51 días.

En la sentencia emitida hoy, el Tribunal considera que Italia debía velar por que sus administraciones cumplan los plazos que establece la Directiva europea de lucha contra la morosidad, que entró en vigor en 2011 y que las operaciones comerciales con empresas privadas se paguen en un plazo de 30 días, salvo en ciertas excepciones, y en todo caso en un máximo de 60.

La corte niega la alegación hecha por Italia de que la directiva solo obliga a los Estados a incluir en la legislación estos plazos, pero no a hacerlos cumplir, y destaca que el objetivo de la directiva era precisamente incrementar las obligaciones de los Estados dado el gran número de operaciones que hacen con empresas privadas.

El tribunal subraya que, mientras las administraciones públicas “disponen de fuentes de ingresos más seguras” y “pueden obtener financiación en unas condiciones más favorables”, para las empresas “la morosidad de los poderes públicos genera gastos injustificados”.

Esta morosidad “agrava sus problemas de liquidez, complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad, ya que se ven obligadas a solicitar financiación exterior debido a tal morosidad”, añade.

Por otra parte, el TJUE señala que, aunque se probase que la situación de morosidad está mejorando, como argumenta Italia, esto no impide que no exista una infracción, puesto que se tiene en cuenta la situación en el momento en que expiró el último plazo dado por la Comisión para responder a la situación, el 16 de abril de 2017.

Las sentencias del TJUE, aunque se refieran a un país en concreto, sientan jurisprudencia para todos los Estados miembros de la Unión.

8011953960001w [EFE/ J. L. Cereijido]

La directiva europea

La Directiva 2011/7/UE establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Pide a los Estados miembros que vigilen que las transacciones comerciales en las que el deudor sea un poder público que el plazo de pago no exceda de treinta días tras la fecha de recepción de la factura.

Cuando la ley o el contrato estipulan un procedimiento de aceptación o verificación que permita certificar la conformidad de los bienes o servicios con el contrato, y si el deudor recibe la factura o una solicitud de pago equivalente antes o en la fecha de aceptación o verificación, el plazo es de treinta días calendario después de esa fecha.

La fecha de recepción de la factura no está sujeta a un acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor, según la directiva.

Las principales prioridades de la Directiva son, entre otras, armonizar las condiciones de pago recíprocas entre las empresas y entre las empresas y los poderes públicos.

La directiva introduce condiciones de pago fijas (treinta días para los poderes públicos y sesenta días para las empresas privadas), que regulan los tipos de interés legal y las comisiones de compensación por los costes de cobro.

Se persigue hacer frente a los deudores con medidas estrictas que los disuadan de pagar tarde o de establecer condiciones de pago en los contractos con plazos excesivamente largos.

El caso español

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en España los plazos de pago de que dispone la administración por las obras, servicios prestados o bienes entregados.

Según la ley, una empresa tiene que entregar las certificaciones o documentos de entrega y a partir de ese momento la administración tiene de plazo 30 días para su aprobación. Una vez se produzca dicha aprobación, la administración tiene otros 30 días para pagar. En resumen, el plazo final puede llegar a 60 días.