Las exenciones en el impuesto de sociedades a los puertos españoles se suprimirán a partir de 2020

Una imagen de archivo del puerto de Bilbao. [EFE/Alfredo Aldai]

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) cerró este viernes el expediente que había abierto a España por sus exenciones en el impuesto de sociedades a los puertos después de que este país se haya comprometido a abolir estas excepciones a partir de 2020, informó la institución en un comunicado.

Bruselas había pedido a España en enero que adaptase el régimen por el que sus puertos se benefician de estas exenciones y que les obligase a tributar como al resto de empresas, ya que según las normas comunitarias estas excepciones les conceden una ventaja selectiva frente a otras compañías.

En España, los puertos no tienen que pagar impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión; en el País Vasco están totalmente exentos de este gravamen.

“Las autoridades españolas se han comprometido a someter a los puertos españoles, incluidos los del País Vasco, al régimen normal de impuesto de sociedades desde 2020. La Comisión valora este compromiso y lo ha aceptado formalmente”, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Esto supone el cierre del expediente abierto al país, con lo que Bruselas no procederá a hacer una investigación en profundidad.

En todo caso, dado que el régimen tributario español es anterior a la entrada del país en la Unión Europea, la Comisión consideraba que se trata de “ayudas existentes”, por lo que aún cuando hubiese habido una vulneración de las normas europeas no habría exigido a los beneficiarios reembolsar las ayudas.

Tras el anuncio del expediente en enero, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, inició una negociación con la Comisión Europea en la que aseguró defendería el sistema de exenciones al considerar que no vulneraba las normas comunitarias.

Sin embargo, a tenor de la decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario, finalmente se ha impuesto el criterio de Bruselas.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, declaró, según un comunicado de la Comisión que “si los operadores portuarios obtienen beneficios de actividades económicas, deben ser gravados de la misma manera que otras emprsas con arreglo a la legislación fiscal nacional ordinaria, para evitar distorsiones de la competencia”.