Expedientes y demandas de Bruselas a varios países por cupones de aerolíneas y registro de pasajeros

Un avión de Iberia procedente de Madrid llega al aeropuerto de Pamplona el 2 de julio de 2020. EFE/Jesús Diges

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este jueves expediente a Grecia e Italia por permitir que sus aerolíneas y compañías marítimas ofrezcan solo cupones como compensación a los desplazamientos suspendidos durante la pandemia de coronavirus. Por otro lado, anunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por retrasarse en la trasposición a su legislación de la normativa europea en materia de registro de nombres de pasajeros para la prevención de delitos graves como el terrorismo.

“Han adoptado una legislación que permite a las compañías aéreas ofrecer bonos como única manera de compensación, lo que va contra la directiva de Derechos de los Pasajeros”, explicó el portavoz de Transporte del Ejecutivo comunitario Stefan de Keersmaecker.

La Comisión había enviado avisos informales a trece Estados miembros, entre ellos España, pero por ahora sólo ha lanzado un procedimiento de infracción contra Atenas y Roma, que ahora disponen de dos meses para responder a la “carta de emplazamiento” enviada por Bruselas.

“Si bien la Comisión Europea también está evaluando la situación en otros Estados miembros al solicitar más información sobre la aplicación de las normas, Grecia e Italia han adoptado una legislación que permite a los transportistas ofrecer cupones como la única forma de reembolso”, indicó la CE en un comunicado.

“En el resto de países no hemos encontrado legislación contraria a la directiva”, agregó en rueda de prensa el portavoz, quien indicó que “cada Estado es diferente”.

El Ejecutivo comunitario ha recordado en varias ocasiones durante la pandemia que la legislación europea sobre derechos de los pasajeros establece que, en caso de cancelación, las aerolíneas tienen que ofrecer a los viajeros la elección entre un cambio de ruta con ciertas condiciones o el reembolso en efectivo.

Las compañías aéreas, con grandes problemas de liquidez ante la paralización del sector, pueden ofrecer a los pasajeros cupones o bonos de viaje (vouchures).

Las aerolíneas europeas perderán 76.000 millones de dólares por el coronavirus

Ginebra (EuroEFE).- La crisis del transporte aéreo por el COVID-19 dejará en las aerolíneas europeas pérdidas de 69.000 millones de euros (76.000 millones de dólares), anunció este jueves la Asociación Internacional del Transporte Aérero (IATA).
Teniendo en cuenta la relación del …

 

Y la CE recomendó el pasado 13 de marzo a las empresas que los hagan atractivos para los clientes y a estos que los acepten y sugirió que los Estados ejerzan de garantes de esos cupones, en caso de que las aerolíneas pudieran quebrar antes de su canje.

Pero Bruselas mantiene que la decisión última es potestad del pasajero, que siempre puede exigir la compensación en metálico y puede recurrir a las autoridades nacionales para exigir ese reintegro.

Italia y Grecia, argumenta la Comisión, han violado esas normas, no sólo en lo que respecta a las compañías aéreas sino también en lo que afecta a los viajes en barco.

“Además, Italia ha tomado medidas que no cumplen con las normas de la UE sobre viajes en autobús y autocar, y los derechos de los pasajeros de ferrocarril”, agrega la CE.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario anunció también este jueves que ha enviado cartas de emplazamiento por el mismo motivo de las aerolíneas, pero aplicado a los operadores turísticos, a diez Estados miembros (República Checa, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Croacia, Lituania, Polonia, Portugal y Eslovaquia).

“En estos diez Estados miembros, las normas nacionales específicas sobre viajes combinados siguen siendo aplicables, lo que permite a los organizadores (…) emitir bonos, en lugar de reembolsos en dinero, por viajes cancelados o posponer el reembolso más allá del período de 14 días, según lo establecido en la Directiva”, indicó la CE.

Si esas capitales no convencen a Bruselas en el plazo de dos meses, la Comisión les enviará una “opinión razonada”, segundo paso de un procedimiento de infracción y la etapa anterior a que la CE lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Demanda a España por retraso en aplicar normas de registro de pasajeros

Por otro lado, la Comisión anunció que llevará a España ante el TJUE por retrasarse en la trasposición a su legislación de la normativa europea en materia de registro de nombres de pasajeros para la prevención de delitos graves como el terrorismo.

“Al no adoptar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros o, en cualquier caso, al no notificar dichas disposiciones a la Comisión, España ha incumplido sus obligaciones”, señaló la CE en un comunicado.

La Directiva fue adoptada en abril de 2016 y los Estados miembros acordaron incorporarla a la legislación nacional antes del 25 de mayo de 2018.

El procedimiento de infracción contra España se inició en julio de 2018 y se envió un dictamen motivado en enero de 2019.

Más de dos años después del vencimiento del plazo de transposición de la Directiva, España es el único Estado miembro de la Unión Europea (UE) que aún no ha notificado a la Comisión la adopción de todas las medidas necesarias para transponer la Directiva.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, anunció que ha decidido cerrar los procedimientos de infracción contra Chequia y Austria, ya que estos Estados miembros ya han notificado la transposición completa de la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros.

La Comisión está evaluando si esta transposición está en plena conformidad con la Directiva, que marca las reglas para la transferencia de datos de registro de nombre de pasajero que este proporciona a la aerolínea al reservar y facturar vuelos y para el procesamiento de estos datos por parte de los países de la UE.

Esta información, que la legislación comunitaria prevé que se maneje exclusivamente con fines policiales y en pleno respeto de las salvaguardas de protección de datos, es “una herramienta vital en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave”, indicó la CE.

“Ayuda a rastrear patrones de viaje sospechosos e identificar posibles delincuentes y terroristas, incluidos aquellos previamente desconocidos por las autoridades policiales”, subrayó la Comisión.

Y demanda a Holanda, Austria y Bélgica por no aplicar leyes antiblanqueo

La Comisión, por otro lado, ha llevado a Holanda, Austria y Bélgica ante el TJUE y solicitado que les imponga una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Ejecutivo comunitario, que había abierto sendos procedimientos de infracción contra los tres países y les había solicitado en dos ocasiones solucionar el problema, ha concluido, tras examinar las medidas que le han comunicado, que ninguno de los tres ha introducido plenamente a nivel nacional la cuarta Directiva contra el blanqueo.

La incorporación incompleta se refiere a “aspectos fundamentales del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales”, tales como la legislación en materia de apuestas y juegos de azar, en el caso de Austria, o los mecanismos mediante los cuales intercambian documentación e información las unidades de información financiera, en el de Bélgica.

En los Países Bajos, la infracción está ligada a la información que debe facilitarse sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas.

“Contamos con normas sólidas de la UE, pero deben aplicarse de manera sistemática y eficiente. Garantizaremos que todos, tanto en el sector público como en el privado, apliquen las normas con rigor”, dijo en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis.

Todos los Estados miembros tenían que aplicar esta directiva para el 26 de junio de 2017, pero ninguno de ellos lo hizo dentro de plazo por lo que se abrieron procedimientos de infracción contra todos ellos, ocho aún siguen abiertos y dos pendientes de dictámen del TJUE.

Editado por Miriam Burgués