Pacto verde, transición justa, igualdad, digitalización… ¿siguen teniendo vigencia las prioridades de la UE

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Foto cedida por el CESE de Isabel Caño Aguilar, la autora de esta tribuna y vicepresidenta responsable de Comunicación del Comité Económico y Social Europeo (CESE), miembro del CESE desde 2010, responsable de la oficina del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT) en Bruselas y colaboradora de la Secretaría Confederal de Política Internacional de la UGT. EFE/Sierakowski frederic / Isopix

En los últimos meses, la COVID-19 ha concentrado toda la energía de nuestras sociedades y la atención de los medios. Y es lógico que haya sido así: los desafíos a los que nos ha sometido esta pandemia no tienen precedentes y sus consecuencias resultan aún difíciles de calcular, no solo desde el punto de vista económico y social, sino también desde una perspectiva cultural, psicológica e incluso de la conducta, después de meses de confinamiento, miedo e incertidumbre, por no mencionar las muchas vidas que esta enfermedad se ha llevado por delante.

Pese a todo, el mundo sigue girando y el proyecto europeo debe mantener su rumbo. Pocos meses antes del inicio de la pandemia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció las prioridades de su mandato, que, en mi opinión, siguen hoy más vigentes que nunca. La crisis provocada por la COVID-19 no debe hacernos olvidar que existen otros retos a los que debemos hacer frente, y si algo demuestra lo sucedido en los últimos meses es la necesidad de afrontar estos desafíos de forma conjunta y coordinada para ser más eficaces.

En primer lugar, debemos tener claro que la lucha contra el cambio climático debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Más allá de la crisis sanitaria, existe otra emergencia que no podemos olvidar: la crisis ambiental que sufre nuestro planeta. Ya lo hacía el Pacto Verde, pero la pandemia debería hacernos reflexionar sobre nuestro modelo económico y sobre la necesaria transición hacia una economía más sostenible con un uso adecuado de los recursos naturales. De ahí la importancia de diseñar estrategias a largo plazo que nos permitan orientar nuestras políticas en la dirección adecuada.

Al mismo tiempo, como ya ha manifestado el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en diferentes dictámenes y documentos de posición, es imprescindible garantizar que la transición hacia esa nueva economía sea justa y no deje a nadie atrás. No debemos consentir que la inevitable crisis económica castigue aún más a los sectores más desfavorecidos de nuestras sociedades con un aumento del desempleo, una caída de los salarios y una mayor precarización de las condiciones de trabajo.

La presidenta Von der Layen se comprometió también a integrar la igualdad de género cómo una de las medidas fundamentales en las políticas de la UE. Las imágenes inéditas de una presidenta por primera vez al frente de la CE o un colegio de comisarios por primera vez paritario nos hicieron soñar.

La brecha de género en los salarios, o el hecho de que solo el 8 % de las grandes empresas en Europa tienen cargos directivos ocupados por mujeres, hacían presentir una buena acogida para una verdadera estrategia de género para la UE o una Directiva de transparencia salarial. Como mujer y como sindicalista me parecía que íbamos dando pasos hacia la igualdad real.

No podemos dejar en la cuneta estas prioridades. Si otra cuestión ha puesto de relieve la crisis es la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo, pero no únicamente.

Lo sucedido en los últimos meses demuestra también la importancia de otra de las prioridades fijadas por la Comisión en su programa de trabajo: la digitalización. En tiempos de crisis, los sectores que más han apostado por las tecnologías digitales tienen perspectivas de futuro mucho mejores que aquellos que se han quedado atrás. Es hora, por lo tanto, de que Europa haga una apuesta decidida por la economía digital, tanto en lo que respecta a infraestructuras e innovación industrial como en la creación de nuevas competencias para los nuevos empleos, y las nuevas formas de consumir o de acceder a los servicios: las nuevas tecnologías no deben ser una fuente de exclusión para trabajadores y ciudadanos.

Por último, es muy importante tener presente que la salida de la crisis, además de ser ambientalmente sostenible y socialmente justa, debe ser coherente con los valores de la UE y respetar la democracia y los derechos fundamentales. Debemos estar alerta para evitar que los miedos den lugar a repliegues identitarios y a retrocesos democráticos, y eso solo será posible si las instituciones europeas están a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ellas.

En definitiva, las prioridades de la Comisión siguen siendo válidas, incluso más que antes de la pandemia, y siguen contando con todo el apoyo del CESE. La economía de la UE ha sufrido un duro golpe cuya verdadera dimensión aún no conocemos, y ya parece evidente que la recuperación exige una acción europea coordinada y una mayor dotación de recursos económicos.

Si algo ha demostrado la crisis actual es la importancia de contar con un sector público fuerte para garantizar la justicia social. En el contexto actual, con economías nacionales muy debilitadas, la recuperación económica de la UE exige una actuación solidaria de los Estados miembros, entre otras cosas para garantizar la supervivencia del mercado único, que sigue siendo un instrumento clave para mejorar la competitividad de la economía europea y ofrecer a los consumidores las mejores condiciones posibles en el acceso a bienes y servicios.

En este contexto, el acuerdo alcanzado en el último Consejo Europeo para la financiación del plan de recuperación económica representa un alivio importante. El fondo de recuperación pactado de 750 000 millones de euros, de los que 140 000 estarán destinados a España, permitirá hacer frente con mayor solvencia a los retos mencionados anteriormente.

Pero, más allá de las cifras, lo importante de este acuerdo es que demuestra que el proyecto de la UE está más vivo que nunca. En un momento de gran incertidumbre, los socios europeos han sido capaces de pactar y movilizar recursos para crear un frente común y atender las demandas de los ciudadanos. Solo cabe esperar que este acuerdo suponga un punto de inflexión y que la política europea entre en una nueva fase que permita construir una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible y, en definitiva, más humana.

La intención de la Comisión Europea de organizar una Conferencia sobre el futuro de Europa es igualmente otro escenario de reflexión y cambio para la construcción europea. La Conferencia debería tener como una de sus prioridades lanzar un debate auténtico sobre el futuro de la UE sin olvidar los derechos de los trabajadores, el diálogo social, la negociación colectiva y la promoción de mejores condiciones de trabajo y de vida; en definitiva, propiciar la total aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Nada será igual después de esta pandemia. Pero tenemos la responsabilidad de canalizar estos cambios para que la sociedad civil salga fortalecida y para que Europa afronte los retos pendientes en mejores condiciones y, sobre todo, unida. Los ciudadanos no esperan menos.

Para saber más:

Isabel Caño Aguilar, la autora de esta tribuna, es vicepresidenta responsable de Comunicación del Comité Económico y Social Europeo (CESE), miembro del CESE desde 2010, responsable de la oficina del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT) en Bruselas y colaboradora de la Secretaría Confederal de Política Internacional de la UGT.