El TJUE avala el canon a eléctricas por el uso del agua en cuencas hidrográficas y los impuestos sobre energía nuclear en España

Iberdrola

Torre de Iberdrola sede social de la compañía eléctrica en la capital vizcaína, donde este miércoles se ha conocido que Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.517 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,4 % más que un año antes, impulsado por el resultado de las inversiones de 4.727 millones de euros que está haciendo y que han marcado un récord, así como por las desinversiones que la compañía está completando. EFE/ Luis Tejido

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) avaló este jueves el canon impuesto a distintas empresas eléctricas por el uso del agua en las cuencas hidrográficas de distintas Comunidades Autónomas para la producción de energía y los impuestos que se aplican en España a la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, tras concluir que no vulneran la normativa comunitaria.

El canon eléctrico respeta la legislación comunitaria

Los jueces europeos concluyeron que ese canon no se opone a la Directiva europea que rige el mercado interior de la electricidad.

La decisión se refiere al litigio que enfrenta a varias eléctricas con la Administración General del Estado, apoyada por Iberdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico.

El grupo de compañías eléctricas afectadas por el canon recurrió la legislación española controvertida y el caso llegó al Tribunal Supremo, que planteó una cuestión prejudicial a la Corte Europea para que aclare si el canon en cuestión respeta la legislación comunitaria.

En su sentencia dictada este jueves, el Tribunal de Justicia declara que el canon controvertido no se opone ni al principio de que “quien contamina paga” ni a la Directiva por la que se establece un marco de actuación en la política de aguas.

La corte añade que el principio de que “quien contamina paga” está expresamente recogido en la Directiva, que obliga a los países a tomar en cuenta la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los de tipo medioambiental.

Deja claro también que los Estados miembros deben garantizar que la política de precios del agua proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y contribuyan a la consecución de los objetivos medioambientales de la Directiva.

El Tribunal declara, asimismo, que el hecho de que el canon controvertido recaiga únicamente sobre los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas situadas en más de una comunidad autónoma, no vulnera el principio de no discriminación establecido en la Directiva.

También dice que no es una ayuda de Estado el hecho de que ese canon no recaiga sobre los productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas de una sola comunidad autónoma o en empresas de energía eléctrica procedente de fuentes diferentes de la hidráulica.

Estos últimos, dice la corte, no se encuentran en una situación comparable a la de los productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas situadas en el territorio de más de una comunidad autónoma sujetos a dicho canon, algo que, según el tribunal, debe comprobar el Tribunal Supremo.

Aval a los impuestos sobre la energía nuclear en España

Por otra parte, la corte, con sede en Luxemburgo, concluyó que la normativa española es compatible con la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y, en particular, con el principio de “no discriminación” previsto.

Los impuestos sobre la energía nuclear, aclaró el tribunal, gravan únicamente a las empresas de generación de electricidad que utilizan esa energía, con el objetivo principal no de proteger el medio ambiente, sino de incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica.

Los jueces dejaron claro también que la Directiva no pretende aproximar la legislación fiscal entre los países de la UE.

El caso se refiere a una serie de cuestiones prejudiciales que el Tribunal Supremo planteó a la corte por distintos procedimientos entre la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Endesa e Iberdrola y la Administración General del Estado.

Todos ellos giraban en torno a la legalidad de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

Las empresas afectadas interpusieron un recurso ante la Audiencia Nacional contra una orden ministerial por la cual se aprobaban los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre la energía nuclear.

Según argumentaron, esta forma de tributación en la práctica constituye una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad.

El Tribunal Supremo sometió los mencionados impuestos a una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución.

Sin embargo, el Constitucional desestimó la cuestión indicando que era necesario plantear primero una cuestión prejudicial