España se inicia en la “diplomacia verde” y advierte que el Fondo de Transición Ecológica “no es justo”

Una mina de carbón cerrada en la provincia de León. [EFE/Ana F.Barredo]

Bruselas (EuroEFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, expresó este lunes la preocupación de España por que el Fondo de Transición Justa presentado por la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 en 2050 no sea “justo” con el país.

“Quiero enviar un mensaje muy claro a mis colegas europeos: España está comprometida con la transición ecológica, España apoya de una manera muy clara y decidida el fondo verde de Transición Justa, pero estamos un poquito preocupados, porque lo vemos muy verde pero no muy justo por el momento”, indicó González Laya ante la prensa en Bruselas.

“Voy a asegurarme de que mis colegas europeos entienden que esto tiene que ser objeto de una atención particular en estos momentos”, agregó a su llegada a su primer Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se abordará entre otros temas la “diplomacia climática”.

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Según una propuesta dada a conocer la semana pasada por la Comisión Europea, España solo podrá recibir un 4,1 % de los 7.500 millones con que estará dotado el nuevo Fondo de Transición Justa; es decir, unos 307,4 millones de euros que podrán utilizarse para ayudar a las regiones que tengan más dificultades para la transición ecológica.

Polonia será el país más beneficiado, con 2.000 millones de euros (26,7 % del total), seguido de Alemania, con 876,6 millones (11,7 %), y Rumanía, con 757,1 millones (10,1 %), países que se repartirán cerca de la mitad de la dotación.

González Laya indicó que “lo que se busca con la diplomacia verde es movilizar los esfuerzos de todas las redes exteriores de todos los países de la Unión Europea para impulsar un esfuerzo”, una “acción conjunta en el mundo” a favor de la lucha contra el cambio climático.

“Pero evidentemente esto es un tema en el que también hay una versión interna, porque también estamos construyendo nuestros propios mecanismos europeos para acompañar la transición ecológica en Europa, que queremos que sea una transición verde pero también queremos que sea una transición justa”, recalcó.

“Y es en este elemento de justicia donde España tiene dudas sobre la propuesta que ha puesto la Comisión Europea sobre la mesa y queremos asegurarnos de que será realmente justa. Por ahora no lo vemos muy bien, así que vamos a seguir trabajando”, señaló la ministra.

Qué es el fondo

El fondo propuesto estará dotado con 7.500 millones de euros del presupuesto europeo para 2021-2027, que deberán después complementarse con aportaciones de los Estados miembros: tendrán que poner entre 1,5 y 3 euros de los fondos de cohesión que les corresponden por cada euro que reciban del Fondo de Transición y cofinanciar además parte de los proyectos beneficiarios.

Con este sistema, Bruselas espera que se movilicen en total 104.000 millones de euros en inversiones para ayudar a las regiones a cambiar sus industrias contaminantes por otras más limpias o formar a los trabajadores afectados para nuevos empleos.

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En función de las contribuciones nacionales, el Fondo podría movilizar entre 30.000 y 50.000 millones de euros en siete años en forma de subvenciones.

El Mecanismo de Transición Justa se completaría con el apoyo del programa InvestEU para movilizar unos 45.000 millones sobre todo en inversiones privadas y una facilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar el apoyo público, a razón de entre 25.000 y 30.000 millones de euros.

Para beneficiarse de estos fondos los países tendrán que presentar planes territoriales de transición para las regiones en cuestión, que deberán recibir el visto bueno de la Comisión.

Las ayudas podrán utilizarse para la reconversión económica de las regiones, la recalificación de los trabajadores, la adaptación de instalaciones para nuevas actividades o la incorporación de energías limpias.

A la hora de atribuir el dinero del Fondo de Transición entre los países -cuestión que se prevé espinosa- se tendrán en cuenta a las regiones que tengan industrias intensivas en emisiones y actividades de extracción o producción de carbón, petróleo de esquisto o turba, y en particular su tasa de paro. También influirá el nivel de riqueza de cada Estado.

Las regiones en España

“Lo que estamos haciendo es un mensaje para los mineros del carbón en Asturias, Macedonia Oeste o Silesia. Sabemos que afrontan un camino más empinado hacia la neutralidad climática y que, aunque la perspectiva de un futuro más limpio puede ser bienvenida, el camino hoy parece abrumador (…). La UE está con vosotros en la transición”, dijo el vicepresidente comunitario para Clima, Frans Timermans.

Como Asturias, también Castilla y León y Aragón, las más afectadas por el cierre de las minas de carbón en España, se encuentran entre las regiones europeas denominadas en transición.

En el caso de España, los 307,4 millones de euros que le corresponden se elevarían a 1.397 millones con la aportación en fondos de cohesión y estructurales, y hasta los 4.445 millones con la incorporación de inversión adicional.

El Comité de las Regiones emitió un dictamen en octubre pasado que pedía una financiación europea adecuada para la reconversión económica y social de las carboníferas europeas.

La extracción carbonífera en la UE proporciona empleo a 185.000 trabajadores y la producción de electricidad a partir del carbón a 52.000, pero como en estas regiones el carbón está directamente relacionado con otros sectores económicos, se habla en total de 215.000 puestos de trabajo, de los cuales 160.000 pueden terminar desapareciendo de aquí a 2030. En total 41 regiones en doce Estados miembros (incluido el Reino Unido).

Según el comité, todas las regiones carboníferas tienen un rasgo común: la gran importancia económica que en ellas revisten el sector del carbón y los sectores conexos -producción de insumos intermedios, bienes de equipo, servicio y bienes de consumo- en términos de valor añadido y de empleo.

Castilla y León ya dijo que quiere precisión respecto a los criterios para acceder al futuro fondo para la Transición Justa de las regiones carboneras, de forma que las áreas que ya la han comenzado puedan acceder a su financiación. Según esta región española, no se puede dejar atrás a las regiones que “ya han hecho sus deberes”