La vista sobre la denuncia de Puigdemont contra el juez Llarena en Bélgica será en febrero

LLarena

El juez Pablo Llarena, en una imagen de archivo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- La vista sobre la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena por supuesta vulneración de su presunción de inocencia tendrá lugar el próximo 20 de febrero ante el juzgado francófono del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.

Según informaron a Efe los abogados de los políticos independentistas huidos a Bélgica en 2017, Puigdemont y sus exconsejeros pedirán a la corte belga que envíe una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine el alcance de la inmunidad judicial de Llarena, que alega España.

La decisión del tribunal belga no será inmediata y podría demorarse más o menos un mes, agregaron las fuentes.

La demanda fue presentada inicialmente por Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret en junio de 2018 contra Llarena, el juez que instruyó la causa del 1-O, al considerar que el magistrado supuestamente habría vulnerado su presunción de inocencia en varias de sus decisiones.

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Se referían, en particular, a una charla en Oviedo en febrero de 2018 en la que el magistrado sostenía que los procesados no eran presos políticos.

Tras considerar inicialmente que las manifestaciones del magistrado constituían “un acto privado”, el Estado español terminó por asumir la defensa de Llarena en el proceso belga a través del abogado Hakim Boularbah, quien representa en este proceso civil al Estado y al magistrado español.

“España defiende la inmunidad de jurisdicción de cortes, tribunales y jueces españoles ante la Justicia belga”, dijo tras la segunda audiencia del caso el abogado Boularbah.

En los alegatos presentados por los demandantes el pasado mes de marzo, estos ampliaron su denuncia al Reino de España, pues entienden que esa “intervención voluntaria” de España en defensa de “uno de sus órganos” judiciales permite extender la demanda al Estado español.