Aministía Internacional denuncia erosión de los derechos en Europa

Manifestación en diciembre de 2019 contra la reforma de la Justicia en Polonia. [EFE/EPA/MATEUSZ MAREK]

Londres (EuroEFE).- Amnistía Internacional (AI) denuncia una erosión de derechos humanos en Europa y Asia Central así como de la independencia del poder judicial en 2019, y en España “restricciones desproporcionadas” a la libertad de expresión, en un informe difundido este jueves.

En un informe difundido este jueves, la organización sostiene que varios Gobiernos “están violando los derechos humanos al reprimir manifestaciones y tratar de debilitar la independencia del poder judicial para evitar rendir cuentas”.

“En 2019, hubo personas discriminadas, amenazadas, intimidadas, sometidas a un uso excesivo de la fuerza por la Policía y procesadas en toda la región de Europa y Asia Central”, afirma en un comunicado adjunto la directora de AI para Europa, Marie Struthers.

Añade que “la movilización de grupos de base” que se alzaron ante los Estados “hace surgir un rayo de esperanza en el futuro”.

AI critica que en Polonia “peligró la independencia del poder judicial”, debido a que el partido gobernante actuó para controlar la judicatura y los tribunales y sus miembros “se vieron expuestos a sufrir acciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial”.

La Eurocámara pide medidas contra el deterioro democrático en Polonia y Hungría

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves una resolución que critica el deterioro del Estado de derecho en Polonia y Hungría y pidió más medidas para mejorar la calidad democrática de esos dos países.

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Preocupa también la situación en Hungría, Rumanía y Turquía, donde el poder judicial ha tenido igualmente injerencia del Gobierno, dice Amnistía, que denuncia además “restricciones de las protestas” en Francia, Polonia y Turquía.

AI constata que hubo manifestaciones multitudinarias en lugares como Francia, Austria, Polonia, Rumanía, República Checa y Hungría contra las medidas de austeridad y la corrupción y en defensa de la justicia social y la independencia judicial, así como en contra de la crisis climática.

Muchos Estados las reprimieron “con medidas que violaban los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”, entre ellos Francia, Austria y España, precisa.

En Moscú y otras ciudades de Rusia multitudes protestaron por la negativa de las autoridades a permitir candidaturas de la oposición en las elecciones municipales, lo que resultó en medidas represivas como sentencias condenatorias contra una veintena de personas.

Por otra parte, los Estados europeos siguen eludiendo rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos que resultan de sus políticas migratorias, con las que “externalizan” el control de las fronteras en países “con un dudoso historial de derechos humanos”, como Libia y Turquía, lamenta AI.

Los periodistas y activistas que cuestionaron a los Gobiernos en Europa y Asia Central sufrieron presiones en muchos casos, declara Struthers, que añade que su labor “será todavía más importante durante la crisis de la COVID-19 y después de ella”.

Disturbios en Barcelona en diciembre de 2019. EFE/Marta Pérez

En cuanto a España, AI denuncia “restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y reunión pacífica, uso excesivo de la fuerza, abusos contra personas inmigrantes y refugiadas y violaciones al derecho de acceso a vivienda”.

Critica la “interpretación excesivamente amplia y peligrosa” de la “vaga” definición del delito de sedición del Código Penal de España que ha hecho el Tribunal Supremo para condenar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y a otros siete altos cargos catalanes en noviembre de 2019 en relación al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Tras reiterar la petición de liberación de “los Jordis”, condena los incidentes violentos ocurridos en las manifestaciones en general pacíficas organizadas en Cataluña contra esas sentencias, en las que resultaron heridos 318 agentes de policía y “en varios casos, la Policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes”.

Al menos 367 personas necesitaron atención médica y, según informes, cuatro de ellas perdieron la vista de un ojo, tras haber sido alcanzadas por balas de “foam” y pelotas de goma disparados por la policía, dice la organización.

AI también se hace eco de la polémica por las sentencias condenatorias dictadas contra ocho personas por su participación en una agresión en 2016 contra dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua (Navarra).

En otro apartado, Amnistía muestra su preocupación por la acumulación de las solicitudes de asilo en España, que repercute negativamente en el derecho de las personas solicitantes de asilo, y dice que cientos de personas han sido forzadas a volver a Marruecos con procedimientos acelerados que, en algunos casos, “podrían no haber garantizado el acceso al asilo”.

También han continuado en España los desalojos tanto por impago de hipotecas como de alquileres y otros motivos, algo que ha afectado a más de 54.006 personas, señala AI, que añade que las autoridades han seguido recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones a manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas.