La nueva propuesta que debaten los líderes de la UE incluye 390.000 millones en subvenciones en el fondo de recuperación

El primer ministro holandés, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hablan durante el Consejo Europeo este lunes. EFE/EPA/FRANCISCO SECO/POOL

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó este lunes una nueva propuesta a los líderes de la Unión Europea (UE) para el fondo de recuperación tras la pandemia que mantiene el nivel total del mismo en 750.000 millones de euros, pero rebaja a 390.000 millones las ayudas directas.

Así, la iniciativa de Michel incluye, junto a estas ayudas directas, 360.000 millones de euros en préstamos, según la última propuesta de compromiso presentada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante la cuarta jornada de la cumbre que celebran en Bruselas y que aún debe recibir su aprobación.

Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo plantea que el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 esté dotado con 1,074 billones de euros.

Esta cifra es inferior a los 1,1 billones de euros que planteó inicialmente la Comisión Europea, pero igual a la propuesta por Michel a los líderes antes de iniciar la cumbre, con lo que las negociaciones no han llevado a una rebaja adicional del mismo como pedían los países llamados “frugales” (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia).

 

Por su parte, el fondo de recuperación mantiene el volumen total propuesto por el Ejecutivo comunitario, pero la partida de subvenciones cae en 110.000 millones en comparación con ese plan inicial, mientras que la de créditos sube en la misma medida frente a los 250.000 millones que había propuesto Bruselas.

El recorte en el volumen de subvenciones ha sido una de las principales demandas de los cuatro “frugales”, junto a Finlandia.

Sin embargo, el Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, pilar fundamental del fondo que servirá para financiar las reformas e inversiones que propongan los países y que interesa mucho a España, aumentaría su dotación hasta los 672.500 millones de euros, frente a los 560.000 millones planteados por la Comisión.

De ellos, 312.500 millones de euros serían subvenciones (frente a 310.000 en el plan anterior) y, 360.000 millones (frente a 250.000), préstamos.

Planes de reformas e inversiones para recibir las ayudas

Para recibir estas ayudas, los países tendrán que presentar planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea, que evaluará si cumplen con sus recomendaciones económicas, refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo, o favorecen la transición ecológica y digital.

Estos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que representen el 65 % de toda la población de la UE).

El desembolso de cada tramo de ayuda dependerá después de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas, para lo que la Comisión pedirá la opinión de los Veintisiete a nivel técnico.

Si uno o varios países consideran que hay incumplimientos, podrán elevar el asunto a una cumbre de líderes comunitarios, con lo que la aprobación del pago se paralizará hasta que ellos hayan decidido.

En cuanto a los criterios para la distribución de estas subvenciones, la nueva propuesta mantiene que el dinero se divida en dos franjas: el 70 % del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30 % restante hasta el final de 2023.

La primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada Estado, siguiendo así el criterio propuesto por la Comisión Europea.

Para asignar la segunda, el indicador del paro se sustituirá por la caída registrada en el PIB acumulada en 2020 y 2021, de modo que el reparto se calculará en 2022.

Descuentos para los frugales

Por otro lado, la última propuesta de Michel aumenta los descuentos que reciben los países frugales en su contribución al presupuesto comunitario por aportar mucho más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones anuales).

El de Holanda será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial presentada en julio por el presidente del Consejo, el de Dinamarca pasará de 197 a 322 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones.

En total, para esos cuatro países, el nuevo plan supone un incremento de 1.069 millones de euros anuales.

La propuesta es fruto de cuatro jornadas de negociación y Michel se la ha remitido ya a los 27 Estados miembros, que ahora tendrán que evaluarla para ver si pueden dar luz verde al acuerdo.

Régimen de condicionalidad vinculado al respeto al Estado de derecho

Por otro lado, el plan de Michel incluye un “régimen de condicionalidad” para acceder a los fondos si hay deficiencias en el Estado de derecho de algún país, al que se garantiza imparcialidad.

Países como Hungría o Polonia rechazan de pleno la inclusión de condiciones relacionadas con el Estado de derecho en el acuerdo sobre el presupuesto para 2021-2027 y el fondo de recuperación, pero otros Estados miembros ven fundamental que estén presentes.

Para tratar de contentar a todos los países, Michel ha propuesto introducir en el presupuesto “un régimen general de condicionalidad para abordar las deficiencias manifiestas generalizadas en el buen gobierno de las autoridades de un Estado miembro, en lo que respecta al Estado de derecho”.

El objetivo es “proteger la sólida implementación” de los fondos y “los intereses financieros de la Unión”, detallando los supuestos fallos en el Estado de derecho en que pueda incurrir un país con “criterios claros y lo suficientemente precisos”.

En el caso de que se identifiquen deficiencias, Michel sugiere que la Comisión Europea proponga “medidas apropiadas y proporcionadas” que deberán ser aprobadas por el Consejo (los Veintisiete) por mayoría cualificada.

Ese proceso debería “respetar los principios de objetividad, no discriminación e igualdad de trato” de los Estados miembros, y debería realizarse “con un enfoque no partidista y basado en pruebas”.

Precisa que ese régimen sería “separado y autónomo” de los procedimientos establecidos en los Tratados al respecto, y “complementario” a cualquier mecanismo de revisión en el futuro.

Por otra parte, invita a que la Comisión, en su informe anual sobre el Estado de derecho, y el Tribunal de Cuentas consideren cómo deficiencias generalizadas las que “afectan o corren el riesgo de afectar la sólida implementación del presupuesto de la UE o de los intereses financieros de la Unión”.

Michel propone también un “diálogo anual más elaborado” sobre el Estado de derecho dentro del Consejo.

La UE activó en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría el procedimiento conocido como Artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países.

Editado por Miriam Burgués