Primera luz verde a la ley para alterar el Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, interviene en la Cámara de los Comunes el 14 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT HANDOUT

La controvertida ley del Gobierno británico que anula parte del acuerdo del Brexit ha pasado con holgura su primer test parlamentario, aunque todavía se enfrentará a nuevos obstáculos. Con el apoyo de 340 diputados y el rechazo de 263, el primer ministro, Boris Johnson, hizo valer el lunes la amplia mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara de los Comunes (baja), pero no consiguió frenar el coro de voces cada vez mayor dentro de su propio partido que denuncia que la ley viola el derecho internacional. La verdadera prueba de fuego llegará la semana que viene, cuando está previsto que se voten las enmiendas a las provisiones sobre Irlanda del Norte, origen de la vulneración de lo acordado con la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sondeará este martes en Atenas las posibilidades de que Grecia y Turquía vuelvan a la mesa del diálogo y rebajen las tensiones por el reparto de las aguas territoriales en el Mediterráneo oriental. Atenas pretende delimitar su zona económica exclusiva (ZEE) partiendo de las costas de la isla griega de Kastelorizo, situada a tan solo 3 kilómetros de la costa turca, a 120 kilómetros de la isla de Rodas y a 520 kilómetros de la Grecia continental, lo que se traduciría en un dominio griego sobre la mayor parte del Mediterráneo oriental. Ankara, por su parte, asegura que “las islas no pueden tener ZEE”, postura no fundamentada en la legislación marítima, y ha anunciado actividades de exploración de hidrocarburos en zonas que Atenas considera propias.

En Bruselas, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, acudirá al pleno del Parlamento Europeo para abordar precisamente las tensiones territoriales entre Grecia y Turquía. También prevé actualizar a los eurodiputados sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del pasado agosto; en Rusia tras el envenenamiento del opositor Alexei Navalni; y en el Líbano después de la explosión en el puerto de Beirut.

 

La solución a la crisis en Bielorrusia pasa por una reforma constitucional, cuyo objetivo sería celebrar nuevas elecciones legislativas y presidenciales en el plazo de uno o dos años. Así lo cree el presidente ruso, Vladímir Putin, quien ofreció este lunes todo el respaldo político, militar y económico al autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, en la reunión que ambos mantuvieron en el balneario de Sochi. Putin fue el primero en felicitar a Lukashenko por su reelección, pese a las denuncias de fraude, y le prometió el envío de una fuerza policial si las protestas antigubernamentales se radicalizaban. Pero Lukashenko quiere garantías de que el Kremlin le apoyará ante la presión de la calle y las sanciones que prepara la UE.

El pleno de la Eurocámara debatirá este martes la falta de coordinación en las evaluaciones sanitarias del riesgo por COVID-19 que hace cada país europeo y las consecuencias que esto puede tener para la zona Schengen de libre circulación. Mientras, la plataforma Airlines For Europe (A4E) celebrará un encuentro virtual sobre la gestión de la crisis del coronavirus en el sector aéreo en el que participan, entre otros, la comisaria europea de Transporte, Adina Vaelan.

En España, uno de los países europeos más castigados por la pandemia, el inicio de los primeros ensayos clínicos en humanos de la vacuna contra la covid-19 en tres hospitales abre una ventana a la esperanza. La vecina Portugal, por su parte, estrena este martes el llamado “estado de contingencia”, que limita las reuniones a un máximo de 10 personas e impone nuevas restricciones a cafeterías y restaurantes para evitar que la vuelta a la actividad de trabajadores y escuelas dispare los contagios.