La justicia europea opuesta a la expulsión automática de un residente de larga duración con pena de cárcel

El vínculo familiar es uno de los condicionantes a tener en cuenta antes de expulsar a un residente de un país tercero. EFE/ J. L. Cereijido

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que la normativa comunitaria se opone a la interpretación española de una ley europea que establecía la expulsión de un titular de un permiso de residencia de larga duración castigado con un año de cárcel sin tener en cuenta otras circunstancias.

En una sentencia dada a conocer este jueves, el Tribunal señala que la legislación europea es contraria a la expulsión de los nacionales de terceros países en esa circunstancia sin antes examinar “si ese nacional de un tercer país representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública”.

También se opone a que no se tenga en cuenta cuánto tiempo lleva esa persona residiendo en el Estado miembro, su edad o qué consecuencias tendrá la expulsión para esa persona y su familia, así como sus vínculos en el país de residencia o la falta de ellos con su país de origen.

Esta circunstancia llegó a Luxemburgo a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde recurrió la orden de expulsión en su contra un nacional marroquí que había sido condenado a tres penas de prisión superiores a un año entre 2011 y 2014, motivo por el cual se había dictado su expulsión.

El tribunal castellanomanchego apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que juzgaba que debía procederse a la expulsión automática de este extranjero residente, se basa en una directiva europea que no sirve para sacar conclusiones jurídicas correctas ya que su naturaleza es “puramente procesal” y se aplica en otras situaciones.

Una familia descansa antes de iniciar el paso del Estrecho de Gibraltar. EFE/A. Carrasco Ragel

Si bien el TJUE no se pronuncia sobre la interpretación de esta corte sobre las sentencias del Supremo ni sobre si estas sentencias contravienen la legislación comunitaria, sí que advierte de que la jurisprudencia empleada por el Supremo español “no puede justificar una interpretación diferente” de la directiva que regula el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Con su sentencia de hoy, el TJUE no resuelve el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sino que le devuelve el caso al juez nacional para que este lo concluya “de conformidad con la decisión” de Luxemburgo.

Qué dice la normativa

La directiva que regula el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración afirma, en su artículo 12, que se refiere a los procedimienbtos de expulsión, que los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración “cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública”

El artículo dice que esta decisión no podrá justificarse por razones de orden económico y que antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración:

  • la duración de la residencia en el territorio
  • la edad de la persona implicada,
  • las consecuencias para él y para los miembros de su familia;
  • los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.

Además, según este artículo, una vez adoptada la decisión de expulsión, el residente de larga duración tendrá derecho a interponer los recursos jurisdiccionales o administrativos, legalmente previstos en el Estado miembro de que se trate.