La UE se dota de nuevas normas para proteger a los denunciantes de delitos

Un agente de seguridad presta guardia en la entrada de la sede central de la firma Mossack Fonseca en abril de 2016, en Ciudad de Panamá (Panamá). [EFE/Alejandro Bolívar]

Madrid (EuroEFE).- La Unión Europea se dota de nuevas armas para luchar contra los delitos. Esta vez protegiendo a los denunciantes. Hasta 9.600 millones de euros se pierden anualmente en la UE, solo en el ámbito de la contratación por no protegerlos adecuadamente. Transparencia Internacional cree que España tiene ahora “la oportunidad de avanzar”.

La Unión Europea ha dado luz verde a una normativa para asegurar una mejor protección de los denunciantes de delitos relacionados con sus empresas y evitar que sean objeto de represalias. Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados y los municipios con más de 10.000 habitantes deberán crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias y mantener la confidencialidad de los denunciantes.

Propuesta por la Comisión Europea después de escándalos como los de los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica, la legislación se aplicará, entre otros ámbitos, en la lucha contra el blanqueo de capitales, la contratación pública, la seguridad alimentaria o nuclear, la salud pública o la protección de datos.

Según un estudio realizado en 2017 para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, solo en el ámbito de la contratación pública, se situaba en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

La directiva contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.

Uno de los fundadores de Cambridge Analytica, Chris Wylie, comparece ante el comité Judiciario del Senado en el Capitolio, Washington D.C (Estados Unidos) el, 16 de mayo del 2018, para responder a diferentes cuestiones sobre los servicios prestados por Cambridge Analytica a la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump. [EFE/ Tasos Katopodis]

Se anima a los denunciantes a utilizar en primer lugar los cauces internos de su organización antes de recurrir a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer. En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.

La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes)  también estarán protegidos.

Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.

Además, las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia y exigirán a las autoridades nacionales informar a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse. Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales.

La directiva entrará en vigor veinte días después de que se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) y a partir de ese momento los estados miembros tendrán dos años para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales.

Terminar con la inseguridad del denunciante

Esta directiva establecerá cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas. Las autoridades nacionales deberán informar
debidamente a los ciudadanos y formar a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Hoy en día la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentaria. Por el momento, solo diez países de la UE disponen de una legislación integral en este ámbito. A escala de la UE, solo en unos pocos sectores (principalmente en el ámbito de los servicios financieros) existe legislación que incluya medidas para proteger a los denunciantes.

Según un estudio elaborado para la Comisión Europea en 2017, la mayoría de los europeos (un 81 por ciento) que experimentaron o presenciaron un acto de de corrupción no lo denunciaron. Sólo lo hizo una quinta parte (18 por ciento).
El problema es que menos de la mitad de todos los europeos sabrían dónde denunciar la corrupción.

Las razones que la gente cita para no informar sobre corrupción son la dificultad de demostrarla, la ausencia de consecuencias para los autores y la falta de protección para los denunciantes. Casi la mitad de los europeos piensa que no se denuncia la corrupción porque es difícil probarla. Alrededor de uno de cada tres europeos piensa que no tiene sentido porque los responsables no serán castigados y que no hay protección para quienes lo informan.

En 21 de los 28 Estados miembros de la UE, la razón más frecuentemente mencionada para no informar sobre la corrupción es que es difícil probar algo. En 15 países, creen que nadie sería castigado.

Solo una minoría de europeos cree que hay medidas para prevenir y combatir la corrupción y que esas medidas sean efectivas. La mayoría de las personas aún no está de acuerdo con que haya suficientes procesamientos exitosos para disuadir la corrupción en su país y menos de un tercio de los encuestados cree que los esfuerzos de los gobiernos para combatir la corrupción son suficientes.

Casi las tres cuartas partes de la UE perciben que la corrupción está muy extendida en el ámbito nacional y local o instituciones públicas regionales. Aproximadamente 6 de cada 10 europeos ven la corrupción como una parte de su país y más del 50% creen que la única manera de tener éxito en los negocios es asumirla.

En general, solo una cuarta parte de los europeos piensan que están afectados por la corrupción en su diario vive de una forma u otra, y la mayoría dice que no tienen experiencia directa.

España dice que se “está trabajando”en ello

El secretario de Estado de Justicia español, Manuel Jesús Dolz, explicó hoy a Efe que se trata de establecer “un marco europeo” que después los Estados miembros deberán adaptar a sus legislaciones nacionales.


“En España ya estamos trabajando para otorgar una mayor protección al denunciante en general, y en especial en este tipo de delitos, porque se ha demostrado que los que se atreven a dar ese primer paso de denunciar las prácticas corruptas en su empresa o a nivel de organismos públicos o de administraciones sufren un auténtico calvario posterior”, dijo Dolz.

Con ello se evitarán las “represalias”, señaló.

Según el Eurobarómetro de 2017, solo un 4 por ciento de los españoles había sido testigo o había vidido un caso de corrupción en el último año. En la UE, ese porcentaje es del 5 por ciento.

Un 23 por ciento lo denunció (un 77 por ciento no lo hizo), donde solo lo denunció un 18 por ciento).

Y de todas las instituciones…en quien confían más los españoles a la hora de denunciar la corrupción?. Un 64 por ciento a la policía, un 33 por ciento a los tribunales y un 10 por ciento a los medios, a la prensa y a los periodistas. Sólo un 4 por ciento confiaba en los sindicatos y un 1 por ciento en un representante político.

Transparencia Internacional cree que España tiene ahora la oportunidad de avanzar

La sección española de Transparencia Internacional cree que España tiene ahora la oportunidad de avanzar en este ámbito, teniendo en cuenta que hay un plazo de dos años para transponer la directiva a la legislación nacional.

En un comunicado tras la aprobación de la directiva, Transparencia Internacional aporta una serie de recomendaciones, la primera de ellas “contar con una legislación nacional que unifique las medidas de protección de los denunciantes, estableciendo las garantías generales y garantías específicas para aquellos colectivos de denunciantes más expuestos, permitiría armonizar y dotar de coherencia a nuestra legislación”.

También se necesita definir adecuadamente los conceptos, ofrecer una protección a los denunciantes más allá del contexto laboral y de reflexionar sobre las denuncias anónimas y los mecanismos más adecuados para recibirlas y gestionarlas, según Transparencia.

Esta organización cree que se debe crear una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la legislación y que se comprometa con la denuncia de las irregularidades.

La aprobación de la nueva directiva, que ya fue objeto de un acuerdo entre las instituciones comunitarias el pasado marzo, se formalizó este lunes en un Consejo de ministros de Justicia.

En la actualidad, la protección de los denunciantes de infracciones en la UE es desigual y en general se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de empleados.

Para saber más:

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

¿Por qué proteger a los denunciantes?. Documento de la Comisión Europea

¿Qué dijo el Parlamento Europeo sobre la protección de los denunciantes?