¿Es revocable la sentencia del “procés” en Estrasburgo?

DISCLAIMER: Todas las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su/s autor/es, y en modo alguno de EUROEFE.EURACTIV.es, de la Agencia EFE ni de EURACTIV.COM Ltd.

Diego López Garrido

Imagen de archivo del 5 de octubre de 2016 del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas durante una entrevista con EFE en Madrid. EFE/David Gonzalez

¿Es revocable la sentencia del “procés” en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo?, se pregunta el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, en una tribuna para EuroEFE, en la que explica por qué  “no” ve “muchas expectativas” de que prospere un recurso en ese sentido por parte de los líderes independentistas condenados por un delito de sedición por el Tribunal Supremo, en su opinión, con todas las garantías procesales.

El sistema judicial español es uno de los más garantistas del mundo. No sólo a lo largo del procedimiento ordinario que culmina en el Tribunal Supremo (TS). Después de éste hay un tribunal de mayor autoridad, que no forma parte del Poder Judicial: el Tribunal Constitucional (TC). Y, a continuación, existe en los países europeos una jurisdicción superior supranacional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (TEDH). Los condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del llamado procés, ¿van a recurrir ante el TC y el TEDH? Sí, con toda seguridad, pero eso no significa que sea probable que ambos tribunales revoquen la sentencia del TS, más bien lo contrario.

Examinemos primero un hipotético recurso ante el TC. El Tribunal Constitucional no puede cambiar los hechos probados, que fija soberanamente el TS. El TC controla si ha habido vulneración de la Constitución española por el Supremo, esencialmente, las garantías procesales del art. 24, la no indefensión, la utilización de los medios de prueba o la presunción de inocencia. Si hay algo que se ha destacado por quienes han seguido el proceso es la corrección con la que la sala de lo penal del TS, y en particular su presidente, ha actuado en todo el procedimiento.

Lo que el TC no puede hacer es sustituir al Supremo en la valoración de las pruebas o en la tipificación de los delitos –el hecho y el derecho-. De modo que están fuera de lugar las especulaciones sobre que el TC pudiera comportarse como una instancia más, después del TS. El TC es una jurisdicción extraordinaria que defiende la Constitución. Nada más y nada menos.

Algo parecido puede decirse del Tribunal de Estrasburgo. Ha sido constantemente citado a lo largo del juicio de los líderes independentistas como una especie de juez revisor de todo el procedimiento ante la justicia española. En realidad, el TEDH únicamente aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, en concreto, las garantías procesales de su artículo 6, el equivalente al artículo 24 de la Constitución.

Por supuesto, el TEDH no puede entrar a valorar los hechos probados o a decidir qué delitos se han cometido en Cataluña y por quiénes. Ni a subir o rebajar penas, como si de un juez penal ordinario se tratase. Esto no resta capacidad y fuerza a las decisiones del TEDH. Particularmente en España. Porque es seguramente el país que más eficacia ha dado a las sentencias del TEDH. A partir de la Ley 7/2015 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas sentencias europeas pueden revocar las sentencias firmes dictadas por tribunales españoles ordinarios –no así las del TC- a través de un nuevo supuesto de recurso de revisión. Esta posibilidad no existe en la mayoría de los países que han admitido la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo.

En resumen, no veo muchas expectativas de que el TC o el TEDH vayan a variar la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a penas de cárcel elevadas a varios líderes independentistas catalanes. Ni el TC ni el TEDH pueden entrar en el fondo del juicio que se ha desarrollado ante el Supremo. Han de limitarse básicamente a analizar si se han respetado las garantías del debido proceso. En mi opinión, el Tribunal Supremo ha observado dichas garantías, consciente de que estas son las que realmente pueden ser objeto de control por el TC y el TEDH.

Para saber más: 

► Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y catedrático de Derecho Constitucional. En su etapa de parlamentario, López Garrido redactó el delito de rebelión en el Código Penal de 1995 e incluyó una enmienda explícita para que la rebelión hubiera de ser “violenta”.