La UE deplora la violencia en Chile y pide contención a todas las partes

Manifestantes participan de una nueva jornada de protestas el 24 de octubre de 2019 en Santiago (Chile). EFE/Fernando Bizerra Jr

Bruselas/Santiago de Chile (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) deploró este jueves la violencia registrada en Chile en los últimos días y pidió a todas las partes que faciliten una “desescalada” y busquen vías democráticas para resolver sus diferencias.

“Deploramos los incidentes de violencia que hemos visto en Chile en los últimos días, las pérdidas de vidas, los destrozos de propiedad”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Añadió que de manera general “es importante reconocer que las protestas sociales son legítimas en una sociedad democrática”, pero advirtió de que esas acciones “tienen que ser pacíficas y respetuosas con el Estado de derecho”.

Por ello, “en las circunstancias actuales pedimos a todas las partes que actúen con contención y que rebajen la situación”, de manera “que las diferencias se resuelvan con diálogo y por vías democráticas”, dijo la portavoz.

Según indicó, la UE y Chile llevan a cabo contactos en “diferentes niveles”, incluido a través de la delegación del bloque comunitario en el país suramericano.

Invitación a observadores de la ONU

A medida que pasan los días aumenta la cantidad de personas que se manifiestan contra la desigualdad social en las calles de Chile y disminuyen la sucesos violentos, cuya contención ha puesto al país bajo la sombra de la represión por presuntas violaciones de derechos humanos que serán examinadas por observadores de la ONU.

La participación en las masivas marchas y concentraciones ciudadanas congrega ya a más 400.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior, y el comportamiento pacífico y festivo es la tónica general.

La expresión cívica de la ciudadanía se ha impuesto en las últimas jornadas a la violencia con la que se inició el pasado viernes este estallido social, que ya se ha cobrado la vida de al menos 18 personas y ha dejado casi 600 heridos y más de 2.800 detenidos.

Los incendios, disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden que monopolizaron el pasado fin de semana han quedado de momento en segundo plano, mientras se atienden con preocupación las denuncias que surgen de presuntos abusos de derechos humanos por parte de militares y carabineros (policías militarizados).

En un país que hace 30 años salió de una dictadura militar y que aún clama justicia por los detenidos y desaparecidos de ese periodo (1973-1990), el gabinete que preside Sebastián Piñera no quiere que le persiga el fantasma de la represión que caracterizó aquella época.

Ante la sucesión de denuncias y de vídeos que se comparten por redes sociales mostrando presuntos apremios ilegítimos, el Gobierno no ha querido dejar duda de su compromiso con el respeto a los derechos humanos y ha invitado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, a enviar una misión de observadores.

 

Piñera pone en marcha su nueva agenda social

Por su parte, el presidente de Chile firmó este jueves un proyecto de ley para anular la última subida del precio de la luz, de un 9,2 % de promedio, y mantener sin variación la tarifa hasta diciembre del 2020 como parte de las medidas anunciadas para tratar de aplacar el descontento social.

El mandatario comentó también que trabaja en un “plan de normalización” de la vida del país para poder terminar con los toques de queda y levantar los estados de emergencia.

En ese sentido, este viernes se habilitarán dos líneas más del metro de Santiago, por lo que ya serán un total de cinco las que funcionen, después de que tuviese que cerrarse toda la red el pasado viernes por la quema y estado de siniestro en la que quedaron algunas de ellas como consecuencia de los actos vandálicos.

La actividad del comercio es cada día más regular hasta las primeras horas de la tarde, aunque hay casi 400 locales totalmente cerrados por problemas y casi 700 con daños en sus infraestructuras, también por haber sido objeto de los disturbios.

Editado por Miriam Burgués