López Aguilar (PSOE): Si no es ahora, ¿para qué necesitamos la Unión Europea?

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar interviene ante el pleno del Parlamento, el pasado 10 de marzo. [PE / Mathieu Cugnot]

Madrid (EuroEFE).- El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, opina que la crisis de la COVID-19 pone en juego la supervivencia de la Unión Europea y, en una entrevista con EuroEFE, reclama liderazgo para construir los necesarios consensos tanto en Europa como en España.

– ¿Qué destacaría, desde una perspectiva española, de la resolución sobre la lucha contra la pandemia aprobada (el 17 de abril) por el Parlamento?

La resolución lleva la impronta del grupo socialista que preside la socialista española Iratxe García.  Intenta responder a lo que ha sido la posición, liderada desde el Gobierno de España, de exigencia de una respuesta paneuropea y a la altura de la envergadura, absolutamente sin precedentes, de este desafío, lo que significa responder a una pregunta crucial: ¿si no es ahora, cuándo? y ¿si no es ante una crisis enorme, para qué necesitamos la Unión Europea?

España ha sido un país euroentusiasta durante todo el tiempo de su pertenencia a la construcción europea y en correspondencia exige que ahora la UE muestre nervio, pulso, solidaridad, voluntad política, y eso significa una respuesta crucial a la financiación del plan de reparación de los estragos de la pandemia y de la recuperación.

Esto significa multiplicar los recursos disponibles con todos los instrumentos a la vista: el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), el BEI, la garantía de préstamos a interés muy bajo del Banco Central Europeo, pero también la garantía del presupuesto europeo proyectado a siete años, del marco financiero plurianual (MFP), que debe crecer como nunca antes en su historia (el MFP lleva anclado desde sus orígenes en un raquítico 1% del PIB europeo y debe subir hasta el 2% del PIB europeo), lo que hemos llamado un Plan Marshall por analogía con el plan de la reconstrucción de Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, pero que en cualquier caso libere una enormidad de recursos nunca conocida para poder reactivar la actividad económica y productiva, y sobre todo atender el estrago social causado por la pandemia en su vector esencial que es el sostenimiento de la sanidad pública.

Hemos conseguido que se fije en el presupuesto europeo el reaseguro de desempleo, para los que sufren los ERTEs o el paro; la investigación científica y médica contra la pandemia (400 millones de euros); medio billón de euros movilizados en recursos para la financiación del esfuerzo de reconstrucción, y el compromiso de incrementar el techo de gasto por el que abogó ayer (16 de abril) en vivo y en directo en el pleno del Parlamento Europeo Ursula Von der Leyen.

Pero hay, además, otras medidas que tienen acento español, y que tienen que ver con nuestro compromiso con valores, de que las medidas restrictivas de derechos sean proporcionales y necesarias, y estén acotadas en el tiempo; que la CE vele por el cumplimiento de los estándares constitucionales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE -son asuntos de los que me ocupo particularmente como presidente de la comisión de Libertades, Justicia e Interior-, y sobre todo el impacto de la pandemia sobre los más vulnerables.

Hay también una mención que me importa subrayar, porque soy canario y te hablo desde Canarias, confinado, y es que se menciona a las regiones ultraperiféricas como una categoría de regiones especialmente dañadas por la crisis del coronavirus, porque son regiones alejadas que dependen como ninguna otra en Europa de la conectividad aérea, que se ha derrumbado a cero, a plomo, como nunca antes.

Nadie puede recordar en Canarias un momento de cesación de la conectividad aérea como el actual; Canarias, que recibe 18 millones de turistas al año, de repente ha renunciado por completo a los insumos del turismo, abrupta y dramáticamente, y nadie puede imaginar las consecuencias que eso va a tener en lo inmediato, en el medio plazo y en el largo plazo, y cuánto nos va a costar recuperarnos.

Por tanto, es un desafío imponente al que la UE tiene que prestar una singular atención.

– ¿Cómo explica la renuncia del Parlamento a plantear una mutualización de la deuda?

El PE no ha renunciado, y desde luego no el grupo socialista, que ha liderado la reivindicación y continuará haciéndolo, porque en el PE ninguna batalla está nunca terminada ni ganada por completo.

Pero en la resolución sí hay una referencia expresa a la emisión de deuda respaldada por el presupuesto de la UE y por el Marco Financiero de la UE, y esto es histórico. Nunca antes la UE había asumido el compromiso de emitir una deuda comúnmente respaldada y garantizada por el presupuesto europeo.

La idea esencial es que no es admisible en un momento como este que la deuda causada por el esfuerzo presupuestario y financiero de reparar daños y reconstruir sea asumida, en un ‘sálvese quien pueda’, por los estados miembros y que, además, los préstamos que asuman esos estados miembros vengan penalizados por la condicionalidad del MEDE que se practicó durante los errores trágicos de la austeridad recesiva, de modo que quien obtuviese préstamos del MEDE se veía obligado a recortar sector público y a asumir las consecuencias, e incluso penalizaciones en el caso de que desviase los parámetros de convergencia de deuda y déficit.

Esto queda en estos momentos fuera del guión de respuesta de la UE.  No solamente ha sido más rápido, sino que se ha asumido el compromiso a futuro de financiar deuda común y es cierto que esa deuda común no tiene carácter retrospectivo, no mutualiza la deuda ya asumida por los estados miembros, pero en el futuro la respuesta presupuestaria y del MFP emitirá una deuda común, que podemos considerar incluso como deuda federal de la UE garantizada por el presupuesto y el MFP como nunca antes en la historia.

– Tampoco se ve ninguna mención específica a un ingreso mínimo vital para los más necesitados, como se plantea en España.

Es sabido que buena parte de los pilares que vertebran el modelo social europeo está gestionada por los estados miembros y depende también de las decisiones políticas que se adopten en los estados miembros. Como socialista, estoy obligado a subrayar la diferencia cualitativa, no de grado, entre la respuesta del gobierno de España, progresista, liderado por el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a la que conocimos en los años de los recortes brutales que padecimos durante la mayoría absoluta del Partido Popular y lo que vino después.

España se ha comprometido a articular, en la medida de sus capacidades y cuanto antes, un ingreso mínimo vital para aquellos hogares que se han quedado completamente sin ingresos como consecuencia de la pandemia. Y esta es una respuesta distintivamente española.

Lo que ha comprometido la UE es un respaldo financiero al reaseguro de desempleo, para que lo que se ha denominado el estabilizador automático de poder dar cobertura a los desempleados de la crisis del coronavirus tenga también una garantía europea, por 400 millones de euros. Ese es el nivel de respuesta.

Pero es claro que en la UE hay un buen número de estados gobernados por fuerzas conservadoras, escoradas a la derecha, que fueron hegemónicas durante la austeridad recesiva, durante el giro copernicano que se practicó en el año 2010, y continúan remando en contra de cualquier respuesta solidaria, de modo que obstruyen la decisión que desearíamos del Consejo. Porque en el Consejo se ha impuesto la decisión por consenso, lo que hace que aquellos estados en contra -autodenominados ‘frugales’ o ‘Liga Hanseática’, liderada en estos momentos por Alemania, Países Bajos, Finlandia, Austria- impiden una dimensión social del ingreso mínimo vital. Pero esta es una decisión española y está siendo explicada por los miembros del Gobierno de España.

– ¿Cree que los gobiernos deben controlar la información que circula por redes y medios de comunicación sobre la pandemia?

La comisión que presido es la comisión legislativa responsable de los derechos fundamentales, que incluyen la libertad de expresión y la libre comunicación de las ideas y de la información.  La libertad de expresión y de información es constitutiva de cualquier sociedad abierta y democrática, y nada ni nadie puede pretender restringirlas.

Pero es evidente que la UE tiene que invertir en las herramientas tecnológicas necesarias, no solamente para detectar los bulos, la intoxicación y la manipulación, y particularmente la interferencia extranjera en procesos electorales con el objetivo expreso de distorsionar su resultado, sino identificar también su procedencia, invirtiendo en inteligencia y compartiendo esa información, y también en una educación digital de la ciudadanía en una sociedad democrática, porque un bulo solo produce su efecto cuando la gente se lo cree.

Es un hecho muy constatado de un tiempo a esta parte que hay segmentos crecientes de la ciudadanía dispuestos a creer cualquier cosa que acomode a sus prejuicios, a sus posiciones previamente asumidas, y por tanto será difícil que alguien que quiera creerse una mentira a pie juntillas no lo haga, si decide hacerlo.

Está claro que los gobiernos y la UE tienen la responsabilidad de promover cuantas herramientas de conocimiento sean necesarias para detectar la información veraz con respecto de la falsa, con respecto de la mentira pura y dura, y también tienen que tener la fuerza jurídica, normada, para exigir de los proveedores de servicios la retirada de la información manifiestamente falsa que, además, produzca daño a valores que estimamos preciados en una sociedad democrática, para empezar el valor de la salud pública, la información relativa a los esfuerzos de los gobiernos para preservar la salud pública.

– Nuevamente, socialistas, conservadores y liberales se ponen de acuerdo en Europa sobre un plan urgente, pero eso no es posible en España, ¿Por qué cree que ocurre esto?

La UE lleva sufriendo desde hace 10 años una sucesión de crisis que, sumadas, describen la peor de su historia, los desafíos existenciales más graves y severos que se hayan impuesto nunca a la integración supranacional europea: la gran recesión, el bréxit, y ahora la pandemia del COVID-19.

Como presidente de la comisión de Libertades, Justicia e Interior me preocupa enormemente, y buena parte de los trabajos que estoy estos días llevando adelante con la Mesa, con la junta de portavoces y con el conjunto de la comisión es la de articular una respuesta de defensa de los valores fundacionales de la UE, y de hacerlo, además, en clave europea, pero consciente de que las posiciones europeas como consecuencia de esta prolongada crisis que tuvo momentos de pésima gestión, catastrófica gestión durante la gran recesión, han devenido en un crecimiento alarmante de posiciones antieuropeas o rabiosamente eurófobas, representadas también en el Parlamento Europeo.

Construir mayorías en el PE se ha puesto cada vez más difícil. Durante muchos años las aseguraron por sí solas las dos formaciones políticas con mayor número de escaños, Partido Popular y Partido Socialista, y hace ya 25 años que el Partido Socialista no es primera fuerza en el Parlamento Europeo, lo que lamento.  Ahora hace falta, para construir una mayoría proeuropea en el Parlamento Europeo, contar con liberales -Renew Europe-, con Verdes y con buena parte de Izquierda Unida -GUE-, porque de otro modo los escaños antieuropeos, nacionalistas reaccionarios, de extrema derecha y eurófobos conseguirían superar en número las posiciones proeuropeas en el Parlamento Europeo.

Eso nos obliga a un mayor celo en la construcción de mayorías, en la aproximación de posiciones, y en la cesión en los compromisos mutuos que, además, se expresa en cada votación en múltiples escaramuzas relativas a las enmiendas que cada uno de los grupos se reserva para interponer en la votación definitiva y que pueden descabalar el resultado final.

Es cierto, esto nos obliga a un ejercicio constante de altura de miras, y de superación de la tentación de la represalia o del castigo inmediato a la deslealtad que observamos prácticamente en todas la votaciones.  Pero aún así sacamos adelante todavía, con el esfuerzo de varios grupos, resoluciones proeuropeas. Tenemos que tener conciencia de que lo que está en juego es la supervivencia de la propia Unión Europea.

Esto arroja alguna luz sobre la excepcionalidad cruda, durísima, de la situación española desde que el paisaje político español acusó el seísmo de la gran recesión.  Porque también en el paisaje español se ha producido una situación en la cual la primera y la segunda fuerzas ya no garantizan mayorías de por sí, se ha multiplicado el pluralismo político y parlamentario, pero sobre todo se ha multiplicado la polarización y extremado un factor españolísimo que es el del cainismo, una palabra española de imposible traducción a ninguna otra lengua oficial de la UE.

El cainismo, el sectarismo y la polarización están dominando la política española hasta obstruir la construcción de grandes consensos que, sin embargo, de forma ritual y con hipocresía se echan de menos. Todo el mundo echa de menos la construcción de grandes consensos y de grandes respuestas acordadas que, sin embargo, los propios actores hacen imposibles.

Para superar esta situación creo que vale la pena apelar a la grandeza del pueblo español que nos mira, porque es un hecho muy llamativo el que exista mayor nivel de polarización y radicalización en los liderazgos de los partidos políticos que en sus respectivos electorados.

En los liderazgos de los partidos se teme castigo electoral si se hacen concesiones y se aproximan la posiciones en aras de grandes objetivos, cuando cualquier encuesta de opinión señala lo contrario, que la opinión pública premiaría los liderazgos capaces de construir esas mayorías necesarias para desatascar nudos gordianos y ofrecer luz al final del túnel de grandes reformas estructurales que vamos posponiendo indefinidamente: la reforma educativa, la reforma de la Seguridad Social, la de la propia Constitución, que ya rechina por muchas costuras y lo está poniendo de manifiesto este prolongado estado de alarma, cuyo alcance no está previsto ni en la ley orgánica 4/81 ni seguramente en la mente de los constituyentes que no pudieron imaginar nada parecido a lo que nos está pasando en estos momentos.

Este es el momento de decir que hace falta liderazgo para construir esos consensos, y para apreciar el esfuerzo que creo que está derrochando, sudando mucho la camiseta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocando una y otra vez a todas las fuerzas y haciendo un gran esfuerzo de contención para no contestar recíprocamente el nivel de virulencia cainita con el que a menudo sus ofertas de grandes consensos, o de acuerdos y entendimientos, son respondidas por la oposición y de forma muy destacada por el principal partido de la oposición que es el Partido Popular.

– ¿Puede ser esta la puntilla que acabe con el proyecto europeo?

En cada uno de estos episodios de crisis hemos asistido a una floración prácticamente instantánea, abrupta, de análisis y pensamiento experto que alerta de la gravedad de lo que enfrentamos y su riesgo existencial para la continuidad de la construcción supranacional europea.

En este caso creo que hemos llegado a un punto álgido, se ha producido una multiplicación de señales de alarma, de luces rojas encendidas, que nos dicen que la UE ha sido empujada frente a su espejo, y tiene la obligación de responder a la altura de lo que la ciudadanía espera porque, de otro modo, el riesgo de desafección será irreparable.

Creo que este es el momento claro de embridar la situación y de responder en clave europea, y por eso solo puedo saludar el cuajo y el coraje con que le he escuchado a Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, enfrentarse a Mark Rutte, ultraliberal primer ministro de Países Bajos, diciéndole: ‘Pero, oye, ¿qué pretendes? ¿cargarte la Unión Europea o salir de ella? ¿Acaso no has comprendido que esta es una crisis exógena de manual -le ha dicho literalmente- en la que nadie es culpable, en la que nadie puede pagar por sí solo el precio de enfrentarse a ella y ser penalizado en el intento?’.

Quien no haya comprendido eso, no ha comprendido nada de la gravedad de lo que nos ha sucedido en los últimos diez años.

Esta crisis creo que es un punto álgido en esta secuencia de deterioro de la voluntad de Europa, que ha afectado a la calidad de las reglas constitucionales en la Unión Europea, de respeto al estado de derecho y a los valores fundacionales, en el que ya hay un conjunto de estados miembros, el infausto Grupo de Visegrado, que ha decidido no solamente remar contra pedal sino desvincularse de los mecanismos sancionatorios del artículo 7 y de los procedimientos de infracción que se les acumulan en su bandeja de entrada por parte de la Comisión por violar las reglas comunes del estado de derecho, que han negado toda solidaridad a Grecia, a Chipre, a Malta, a Italia y a España, en la mal llamada ‘crisis de los refugiados’, que han negado toda solidaridad en el realojamiento de las personas que huyendo de la desesperación y sobreviviendo a las rutas de tráfico de explotación de personas han conseguido poner el pie en Europa, pero se hacinan en campos de internamiento, insalubres, en los que un brote de coronavirus tendría un efecto absolutamente devastador.

Esta es la situación y por lo tanto creo que es imprescindible que la UE responda ahora, porque si no supera esta prueba corre el riesgo, no ya de la inanidad, que es del que venimos advertidos desde hace mucho tiempo, sino el de ser ignorada por la ciudadanía europea a la que representamos.

Creo que esto es algo que el PE no debe dejar de advertir, porque es la única institución de la arquitectura europea directamente legitimada por el voto democrático de 500 millones de europeos a los que se lo pedimos prestado cada cinco años, y no puede ser a cambio de nada.