Organizaciones humanitarias exigen un protocolo europeo de desembarco seguro

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Madrid (EuroEFE)-. Tras varios días de espera en el Mediterráneo y con una previsión meteorológica desfavorable que apunta a un temporal, la organización humanitaria española Open Arms urge a Europa un “puerto seguro” para el desembarco de los 147 inmigrantes a bordo del buque con bandera española. Pero en la UE no existe una pauta de actuación ni marco legal para actuar en casos como este, más allá de la razón humanitaria. Siempre se repite la improvisación y se apela a la buena voluntad. Pero no existe nada más.

La crisis migratoria en el Mediterráneo exige una respuesta conjunta y, mientras los países miembros de la UE tratan de buscar una solución común, organizaciones humanitarias como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)  reclaman la creación de un “protocolo europeo de desembarco seguro”  de rápida actuación en situaciones de emergencia que responda a las responsabilidades humanitarias de los Estados. 

Un mecanismo para responder a la emergencia

Para CEAR es imprescindible un mecanismo que ofrezca seguridad jurídica a las operaciones de rescate para lo cual  es necesario poder responder a una situación de emergencia “sin tener que esperar la buena voluntad de los países para cada caso concreto”. 

Esto implica “acabar con la improvisación y la incertidumbre tras cada rescate”. De este modo, uno de los objetivos que se persiguen es agilizar los desembarcos y asegurar que no se realicen en países donde la vida de las personas que han sido rescatadas corra peligro. 

“El cierre de puertos de Italia y Malta está condenando a los barcos de rescate a estar días e incluso semanas en alta mar”, subrayan, “con el riesgo que ello supone para la tripulación y las personas rescatadas”, dice la CEAR. 

Un escollo en la gestión de las peticiones de asilo: el Reglamento de Dublín

Otro de los propósitos de este protocolo de desembarco seguro incide en la garantía de acceso al derecho de asilo, una cuestión que supone un escollo en Europa para la apertura de puertos a buques como el Open Arms. 

Los Estados de la UE están vinculados jurídicamente al derecho de asilo y, en este sentido, el principio de no devolución, que se recoge por primera vez en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre derecho humanitario, pero que queda reflejado en otros textos internacionales sobre DDHH, se presenta como una garantía imprescindible del derecho de asilo.

No obstante, para armonizar las políticas de asilo dentro de la UE se negoció la Convención de Dublín en 1990. El texto ha sufrido dos modificaciones (en 2003 y en 2013), y su versión final llevó a la canciller alemana Angela Merkel a afirmar, tras la cumbre regional de los Balcanes sobre la crisis de los refugiado en agosto de 2015, que dicho reglamento “no funciona”. 

La explicación, según el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), radica en que Dublín establece un mecanismo para determinar de forma rápida y a partir de unos criterios preestablecidos qué Estado es responsable de examinar cada solicitud. El criterio utilizado es el del primer país de llegada, lo que implica que la responsabilidad caiga de forma desproporcionada sobre países fronterizos. 

“Seguridad” y “peligro”, una cuestión terminológica

El concepto de “puerto seguro”, ampliamente utilizados tanto por organizaciones humanitarias como por representantes políticos, carece de una definición respaldada por un texto internacional. 

En esta línea, “puerto seguro” o “peligro” presentan ambigüedades e, incluso un vacío legal que induce a que, en esta materia, los países se rijan tanto por sus leyes internas como por el Derecho Internacional. 

Por tanto, el concepto de “puerto seguro” no está exento de complejidad, por ejemplo, en casos como Túnez, cuyo ordenamiento jurídico no cuenta con una ley de asilo. 

En el caso de España, la Ley 12/2009 sobre el Derecho de Asilo dicta en su artículo 38 que las solicitudes de asilo pueden atenderse fuera del territorio nacional “siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física”, pero tampoco existen criterios para determinar el grado de peligrosidad de estas embarcaciones. 

En esta línea, la directora de CEAR, Estrella Galán, aseguró a Efe que “tras la petición de asilo presentada por el capitán, como máxima autoridad del barco, España puede aplicar el artículo 38 de la Ley de Asilo que permite el traslado de estas personas para que formalicen su solicitud de protección en territorio español”.

¿Y qué dice el Derecho Internacional?

Pese a que el concepto de ayuda humanitaria en el mar evoca a otros como solidaridad o  buena voluntad de los Estados, también se trata de una cuestión legal. 

En esta línea, dar una respuesta humanitaria es una cuestión ineludible y la obligación de prestar ayuda a los buques que se encuentran en peligro se recoge en diversos tratados internacionales. 

El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar -Convenio SOLAS-, adoptado en 1974, en cuyo Capítulo V “se estipula la obligación de los capitanes de prestar asistencia a quien se encuentre en peligro, y la obligación de los Gobiernos Contratantes de adoptar medidas que garanticen que desde el punto de vista de la seguridad todos los buques llevan dotación suficiente y competente”, tal como resume la Organización Marítima Internacional (OIM). 

Pero no es hasta el Convenio sobre la búsqueda y salvamento marítimo -Convenio SAR-, adoptado en 1979, cuando se establece un sistema internacional que rigiera las operaciones de búsqueda y salvamento. De hecho, en su capítulo 3 se aborda a cuestión de la cooperación entre Estados y “se establece la obligación de las Partes de coordinar sus organizaciones de búsqueda y salvamento y, siempre que sea necesario, de coordinar las operaciones con las de los Estados vecinos”, según la OIM. 

Por su parte, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -CONVEMAR (1982)- en su artículo 98 establece el deber de prestar auxilio. Según este precepto, todo Estado puede pedir a un buque que enarbole su pabellón que preste auxilio a personas que se encuentran en peligro de desaparición y vaya a auxiliar. 

Los países europeos también están vinculados por otros tratados sobre Derechos Humanos en general, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) o más concretos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

Por María Moya

Para saber más:

 CEAR: para un protocolo europeo de desembarco seguro

Convenio de Dublín