El abogado de Johnson defiende la “decisión política” de cerrar el Parlamento

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Londres (EuroEFE).- La polémica suspensión del Parlamento decretada por Boris Johnson fue una decisión “fundamentalmente política” en la que la Justicia no debe interferir, según enfatizó este miércoles ante el Tribunal Supremo el abogado James Eadie, en representación del primer ministro británico.

Desde este martes, la máxima instancia judicial del Reino Unido evalúa si el líder “tory” actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía de esa institución al decretar su cierre durante cinco semanas en un momento crítico, en vísperas del “brexit”, la salida del país de la Unión Europea.

El Supremo sopesa los dictámenes emitidos por dos cortes diferentes: el Tribunal Superior de Londres, que falló a favor del Gobierno de Johnson frente a una querella presentada por la activista anti-“brexit” Gina Miller, y la Corte de Apelaciones de Escocia, que lo hizo en contra.

El jefe del Ejecutivo determinó la controvertida clausura de ambas cámaras del pasado 10 de septiembre, hasta el próximo 14 de octubre, a poco de la fecha establecida para consumar la separación de la UE, el 31 de octubre, generando indignación entre todos los sectores políticos.

Ante la oleada de críticas, Johnson se justificó con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.

Por contra, los demandantes -entre ellos un grupo de diputados- están convencidos de que el “premier” tenía una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes extremos de “brexit”.

A cargo de la defensa de Johnson frente a la demanda de Miller, el letrado James Eadie enfatizó hoy que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa ya contemplada en el derecho parlamentario.

Durante la sesión de la mañana, ese abogado aceptó que los poderes de prerrogativa pueden quedar en ocasiones “limitados por los derechos fundamentales” y que una suspensión parlamentaria podría potencialmente “socavar” la capacidad del Parlamento de escudriñar al Ejecutivo.

No obstante, insistió en todo momento en que clausurar las cámaras son decisiones “inherente y fundamentalmente políticas por naturaleza” sobre las que no debería interferir la Justicia.

Según Eadie, sugerir que la intención de Johnson fue “obstaculizar” la tarea de esa institución es “insostenible”.

Alegar “legítimo motivo” para el cierre de los Comunes

Argumentó asimismo que cualquier decisión de cerrar las cámaras “reduce” inevitablemente el tiempo disponible para llevar a cabo debates parlamentarios, en respuesta a algunos de los argumentos desgranados ayer por el abogado de Miller, David Pannick.

Eadie puso en duda que se deba pedir a los tribunales que se pronuncien sobre si la duración del cierre es o no razonable y opinó que, al hacerlo, se “invita” a la Justicia a dirimir en “asuntos políticos” y a adentrarse “directamente en el territorio de la controversia política y parlamentaria”.

También recordó que la defensa de Gina Miller aceptó ayer que puede ser “legítimo” que el Ejecutivo obtenga “ventajas políticas” de la suspensión parlamentaria pero cuestionó que un tribunal deba “decidir qué nivel de ventaja política es aceptable, y cuál no lo es”.

Por otro lado, durante la sesión de la tarde, el Supremo escuchó los alegatos del abogado Aidan O’Neill, en representación del grupo multipartito de 75 diputados escoceses liderados por Joanna Cherry, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que pidió a los magistrados desestimar la apelación del Gobierno escocés.

Entre los argumentos de O’Neill, éste consideró que la suspensión del Parlamento fue ilegal porque estuvo “motivada por el propósito ilícito de obstaculizar” la actividad de las cámaras.

“La soberanía parlamentaria es, sin duda, el principio que vivifica la constitución del Reino Unido”, subrayó el abogado.

Defendió que “es inherente en este concepto de soberanía parlamentaria que el Ejecutivo está subordinado a la legislación y debe rendir cuentas ante el Parlamento”.

Según sostuvo, el primer ministro obró, aparentemente, con la intención de bloquear al Parlamento a la hora de adoptar decisiones “que tendrán impactos constitucionales e irreversibles en el país”.

En la vista previa, el abogado del Gobierno de Escocia, Richard Keen, había insistido en que la decisión de Johnson se tomó por el “legítimo motivo” de preparar la agenda de cara al discurso de la reina que inaugura el curso parlamentario.

En la continuación -mañana- del proceso judicial, se prevé la comparecencia del ex primer ministro británico John Major, que se unió a la querella presentada por Miller, para argumentar su demanda contra el Ejecutivo.

En 2017 Gina Miller ganó otra querella muy sonada en este país al evitar en los tribunales que el Ejecutivo pudiera activar el Artículo 50 -que puso en marcha el proceso de salida de este país del bloque europeo- sin una votación parlamentaria previa.

Por Patricia Rodríguez