La euroorden, en proceso de revisión y ajuste

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Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha reconocido deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros, según una carta de la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Este próximo noviembre volverán a evaluarse ciertos aspectos relacionados con la euroorden para reformarla y hacerla “más eficaz y coherente”. Estas son las ideas fundamentales de la respuesta de la comisaria a una pregunta escrita planteada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazarurtundúa.

Según las últimas estadísticas, que se refieren a 2016, se emitieron un total de 16.636 órdenes europeas de detención.

El próximo año habrá un nuevo informe de evaluación.

La revisión de la euroorden, tal y como ha dicho Jourova en su carta, se hará con visitas “sobre el terreno” y se considerarán no solo los asuntos legales sino también los aspectos prácticos y operacionales. A juicio de la comisaria,  las evaluaciones de la implementación y las estadísticas muestran que, mientras que la orden europea de detención funciona bien en general,”la implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros”.

Un cambio de actitid, a jucio de la eurodiputada Pagazaurtundúa, que lo atribuye a “elementos objetivos” como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionando a Bélgica por la mala aplicación de la euroorden en el caso de la etarra Natividad Jáuregui, cuya extradición fue denegada por la justicia belga en tres ocasiones.

“Es un caso grave de mala aplicación de la euroorden y de daño moral y objetivo, de impunidad, en un caso de asesinato terrible”, lamentó Pagazaurtundúa, que valoró positivamente el primer “reconocimiento explícito” por parte de Bruselas “de que hay problemas en la aplicación de la euroorden y de que son necesarias mejoras”.

El caso de Natividad Jáuregui

El pasado 9 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en Bilbao en 1981, que demandaron a Bélgica por rechazar las euroórdenes contra la presunta miembro del comando Vizcaya Natividad Jáuregui. La corte europea concluye que Bélgica vulneró el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida porque incumplió su “obligación de cooperar” con la justicia española para establecer la posible responsabilidad de Jáuregui en ese crimen.

La justicia belga se negó a entregar a Jáuregui por considerar que “había motivos serios para pensar que la ejecución de la orden europea de detención y entrega atentaría contra los derechos fundamentales” de la etarra.

Se remitían a un informe sobre España del Comité europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa, que decía que los imputados por terrorismo eran sometidos a un régimen de detención “en condiciones degradantes, con posibilidad de torturas”. Jáuregui, alias Pepona, estaba huida desde 1979 y fue detenida en 2013 y 2016 en Gante (Bélgica) para quedar después en libertad al ser rechazadas sendas euroórdenes. La presunta etarra se instaló en esa ciudad belga después de haber vivido en México y Francia.

Para los jueces europeos, las circunstancias e intereses del caso “deberían haber llevado a las autoridades belgas a pedir informaciones complementarias” sobre el régimen de detención que se iba a aplicar a Jáuregui, para “verificar la existencia de un riesgo concreto”. Y el examen por los tribunales belgas de las euroórdenes dictadas por la Audiencia Nacional española en 2004, 2005 y 2015 “no fue lo suficientemente completo”. Es decir, que “la falta de elementos de hecho en la motivación para rechazar la entrega es lo que ha llevado a la Corte a constatar una violación del artículo 2”.

El Tribunal de Estrasburgo precisaba que su sentencia “no implica necesariamente que Bélgica tenga la obligación de entregar a Jáuregui a las autoridades españolas”, pero tampoco lo excluye. En ese caso -puntualiza- “no disminuye la obligación de las autoridades belgas de asegurar, que Jáuregui no corra el riesgo de sufrir torturas en España.

Por ello, la fiscalía de la Audiencia Nacional dijo que estudiaría la sentencia, la traduciría y determinaría si cabe la posibilidad de reiterar la petición de entrega. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) que impulsaron la demanda por el asesinato de Manuel Romeo contra la justicia belga por denegar la entrega de la etarra Natividad Jáuregui dijo que serguiría luchando para que sea juzgada en España. Pero la presidenta de la FVT, Mari Mar Blanco, reconocía que no se había conseguido el 100 por cien, pero si un logro importante.

Para Maite Pagazurtundúa esta sentencia es clave, puesto que la comisaria Jourová había afirmado previamente que no se planteaba reformar la euroorden porque estaba “funcionando bien”, pese a las decisiones adoptadas en varios países europeos en contra de la orden europea de detención dictada por la Justicia española para entregar al expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y otros de sus consejeros.

Pagazaurtundúa afirma que su objetivo será sensibilizar a la nueva Comisión y a su futura presidenta, Ursula von der Leyen, cuyo mandato empieza el próximo 1 de noviembre, sobre la importancia de que este instrumento funcione, ya que, si bien España ha vivido ya los casos de Puigdemont o Natividad Jáuregui, “son otros países los que pueden tener algo parecido si populistas llegan al poder y deciden violar las leyes”.

La CE lleva a cabo una “detallada evaluación” de la euroorden

La comisaria indica ahora en su carta que la CE está llevando a cabo una “detallada evaluación del cumplimiento de la trasposición de todos los legisladores nacionales de la decisión marco de la orden de detención europea”.

“Sobre la base del resultado, podríamos iniciar procedimientos de infracción para garantizar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal”, apuntó la misiva.

Además, la comisaria señaló que la CE está revisando y actualizando el manual sobre cómo emitir y ejecutar una orden de detención europea, visto que han recibido varias peticiones para ello.

Entonces, la Comisión considerará la publicación el próximo año de un informe de evaluación de la implementación de la euroorden, concluyó.

En el año 2016, 16.636 órdenes europeas de detención

El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea presentó el último informe de evaluación sobre la orden de detención europea, con cifras aportadas por los diferentes Estados miembros que, no obstante, no tienen “obligación legal” de proporcionar esta información. Con cifras de 2016, en total los 28 Estados miembros emitieron 16.636 órdenes, de las cuales 5.812 fueron ejecutadas. Una situación de estabilidad si se tiene en cuenta que en 2015 fueron 16.144. De ellas  730 corresponden a España. El país europeo que más órdenes de detención emitió en 2016 fueron Italia con 1.768 y Francia con 1.306. El que menos, Malta, con 11.

Como los Estados miembros no tienen obligación legal de proporcionar los datos, solo 18 estados miembros de 28 lo hicieron a la hora de establecer el “objetivo” de dicha orden, porque no todas son para enjuiciamiento. En este caso destacan Dinamaraca (137 de 140), Irlanda (85 de 85), Chipre (56 de 56), Luxemburgo (104 de 111). España no ha aportado esta información, según la estadística porque “no es conocida por el Ministerio de Justicia”. En otros casos, los estados miembros emitieron una orden de detención con el objetivo de que se ejecute una sentencia.

De las órdenes emitidas, no todos los estados miembros han proporcionado información sobre las entregas. El tiempo que suele durar el procedimiento no llega a los 16 días, según la estadística , si la persona consiente la entrega. Si no la consisnte, el procedimiento dura algo más de 50 días. En seis de los estados miembros que contestaron, un total de 61 casos fueron rechazados argumentando falta en los derechos fundamentales.

¿Qué es la orden europea de detención y como funciona?

La orden de detención europea es un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la Unión Europea.

Entró en vigor en enero de 2004 y su objetivo era acabar con los dilatados procesos de extradición entre los estados miembros, con plazos más estrictos y con una lista de 32 delitos, entre los que figuran los de terrorismo, narcotráfico o trata de seres humanos sobre las que hay una “aplicación automática” El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad cuyo máximo sea al menos de 3 años en el país de expedición.

El caso Puigdemont y el delito de “rebelión”

El caso Puigdemont evidenció el desajuste en lo que a la orden europea de detención se refiere. El 29 de octubre de 2017 el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont huye a Bruselas y un día más tarde la Fiscalía Genral del Estado se querella en la Audiencia general contra él por rebelión, sedición y malversación. El 25 de marzo de 2018 la policía alemana detiene a Puigdemont cuando cruza la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica. Pero el 5 de abril la justicia alemana descarta el delito de rebelión y el 6 de abril sale de prisión. En julio, la justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión. Entonces, el juez Llarena rechaza la entrega a España de Puigdemont y reitira las euroórdenes.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos plantearon en un debate organizado por EFE previo a las elecciones europeas que la euroorden se extendiera a los delitos de rebelión y sedición. Fue la propia candidata de ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y Pilar del Castillo (PP) quien hablaron de la iniciativa En ese contexto, la candidata del PP a los comicios europeos ha avanzado que los populares pedirán al nuevo Europarlamento que la eurorden se amplíe a los delitos de rebelión y sedición para que no ocurra lo que ha sucedido hasta ahora con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Información elaborada con aportaciones de la delegación de Bruselas (Edición: Luis Alonso)

Para saber más:

La UE y la Justicia: la orden europea de detención