La Justicia de la UE da la razón a Frontex en un litigio sobre información y seguridad

Vista de la fachada de la nueva sede de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). EFE/JAKUB KAMINSKI PROHIBIDO SU USO EN POLONIA

Bruselas (EuroEFE).- La Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) no está obligada a facilitar información que afecte a la seguridad pública, según dictaminó este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea, en contra de la petición de la española Luisa Izuzquiza.

La corte con sede en Luxemburgo considera que la información que Izuzquiza, experta en asuntos de transparencia y su compañero, Arne Semsrott, pedían fuera publicada (sobre los barcos de la operación Tritón en el Mediterráneo central) conllevaba un “riesgo previsible y no meramente hipotético para la seguridad pública”.

El caso comenzó cuando Frontex denegó a Izuzquiza y Semsrott el acceso a documentos solicitados en 2017, en particular el nombre, pabellón y tipo de embarcaciones desplegados por Frontex entre el 1 de junio y el 30 de agosto del mismo año en el Mediterráneo central, en el marco de la operación Tritón.

La petición de ambos ciudadanos se enmarcaba en una investigación sobre la respuesta que dan las instituciones comunitarias a las llegadas de inmigrantes en buques.

Inmigrantes rescatados por la marina italiana. . EFE/MARCO COSTANTINO

Para el Tribunal General, las explicaciones de Frontex demuestran “la existencia de un riesgo previsible, y no meramente hipotético, para la seguridad pública” de la difusión de esa información, lo que justifica aplicar una excepción prevista en un Reglamento europeo, que limita la transparencia para proteger el interés público en materia de seguridad pública.

La agencia europea indicó en particular que la información solicitada, junto con los datos disponibles en la web de tráfico marítimo www.marinetraffic.com, permitiría saber la posición de las embarcaciones patrulleras y facilitaría a las redes de tráfico de inmigrantes conocer las zonas y horarios de patrulla y adaptar su modus operandi.

Frontex puso en marcha la operación Tritón (que comenzó el 1 de enero de 2017 y concluyó el 31 de enero de 2018) para mejorar la vigilancia y el control de la seguridad en las fronteras mediante patrullas conjuntas y equipo facilitados por los Estados miembros.

Su zona operativa abarcaba las aguas territoriales de Italia y Malta, así como las zonas de búsqueda y salvamento específicas de estos dos Estados miembros, que se extienden hasta 138 millas náuticas al sur de Sicilia.

Su objetivo era apoyar a los organismos de gestión de fronteras y a los guardacostas de los Estados miembros, concretamente coordinando a estos últimos en operaciones conjuntas con el país de acogida y otros Estados miembros.

Tras la denegación por parte de Frontex del acceso a los datos solicitados, los dos ciudadanos impugnaron la decisión mediante un recurso presentado ante el Tribunal General el 20 de enero de 2018.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestimó el recurso presentado.
Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.