La mano invisible del COVID-19

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Fotografía facilitada por la Comunidad de Madrid, del personal sanitario que atiende pacientes en el hospital de campaña de Ifema, en Madrid. EFE/Comunidad de Madrid

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba los sistemas de salud de todo el mundo, pero, y, sobre todo, el de las sociedades desarrolladas, revelando la capacidad de resistencia de los diferentes modelos para hacer frente de forma eficaz a la misma y dejando también al descubierto sus debilidades.

Los sistemas de salud estatal construidos bajo bandera socialdemócrata y con cobertura universal están mostrándose altamente sólidos en comparación con modelos de corte liberal como el estadounidense, en el que la pandemia ha dejado al descubierto, como en un teatro de marionetas, la “mano invisible” que mueve los hilos del mundo en nombre de la eficacia y la eficiencia de los mercados; y, en otro giro de tuerca según el cual el individualismo sirve al bien común, se ha demostrado que el hecho de que millones de personas no puedan permitirse acudir al médico, porque no se les ha reconocido como derecho subjetivo, no sólo perjudica al individuo sino a toda una nación y por lo tanto al bienestar colectivo.

Si bien en Europa se supone que los Estados miembros han alcanzado la cobertura sanitaria universal, el informe del Observatorio de Médicos del Mundo para 2019 muestra que la Unión Europea todavía tiene deberes por hacer y dista mucho de garantizar este derecho desde una perspectiva universal, ya que más del 80 % de los ciudadanos consultados para este informe (grupos vulnerables) declaró no tener cobertura sanitaria. Según el INE en Espa­ña, un 24,3% de las personas sin hogar de nacionalidad española y un 75,7% de otras nacionalidades no tienen tarjeta sanitaria. Esta situación la llevamos arrastrando desde la crisis de 2008 y no ha hecho más que agravarse con la privatización progresiva de los servicios públicos (sobre todo en algunas CCAA en relación a España) y la reducción de las conquistas sociales de nuestros Estados europeos de bienestar.

Como la “mano invisible” de Adam Smith, el virus actúa como una metáfora, pero en sentido inverso a la de La Riqueza de las Naciones, señalando que el mal de un individuo puede servir también a la infelicidad y catástrofe colectiva. Cuando la devastación humanitaria de la crisis del coronavirus deje paso a esta segunda crisis económica, y posiblemente financiera, del siglo XXI, y nos instalemos de nuevo en la “normalidad”, esperemos que los más acérrimos defensores del modelo neoliberal sigan ensalzando las virtudes del modelo keynesiano y pidiendo la intervención de la sanidad pública, es decir, la misma sanidad a la que hubiesen querido volatilizar en tiempos de bonanza, despreciándola y empobreciéndola con recortes y medidas de austeridad.

¿Y la Unión Europea? A pesar de que el diseño y la gestión de los sistemas sanitarios sigue siendo, sobre todo, responsabilidad de los Estados miembros, la presidenta de la CE Ursula von der Leyen se comprometió, a principios de su mandato, a aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales (PEDS), en el que se consagra el derecho a un acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa de buena calidad, en el marco de las competencias complementarias de la UE y a través de la ayuda de sus fondos estructurales.

Pues bien, la Comisión Europea, en el marco de estas competencias, ha desbloqueado hasta ahora 37 000 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE destinados a la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus en apoyo de los sistemas sanitarios, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los mercados laborales, 28 000 millones de euros de fondos estructurales procedentes de las dotaciones nacionales 2014-2020 aún sin asignar a proyectos, a los que se puede optar para la respuesta a las crisis; y la semana pasada el Parlamento Europeo desbloqueó una ayuda que va hasta 800 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para los Estados más afectados, merced a una ampliación del ámbito de aplicación del fondo para las crisis de salud pública.

Es importante precisar que la insolidaridad de la que se habla estos días no viene de la UE en bloque ni de todas sus instituciones, sino únicamente de dos países en el marco de las negociaciones intergubernamentales del Consejo Europeo, donde los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE se reúnen para decidir por consenso las orientaciones generales de la UE. La propuesta de Pedro Sánchez de articular un “gran ‘Plan Marshall’ de inversiones públicas” para el conjunto de la UE, así como relajar las normas del Pacto de Estabilidad o activar la emisión de coronabonos que ha había sido aplaudida inicialmente por la mayoría de líderes europeos incluida la presidenta de la Comisión Europea, se encuentra ahora con el veto de Holanda y Alemania.

La conferencia sobre el futuro de Europa que, en principio, se iniciará el nueve de mayo va a funcionar como un ágora ciudadana para reorientar el proyecto europeo y plantearnos ciertas cuestiones: ¿Cómo dotar a la UE de instrumentos necesarios para hacer frente a una crisis transnacional? ¿Conviene la creación de una unión sanitaria? ¿Convendría dotar a la UE de mayores competencias fiscales y presupuestarias? Nuestra opinión, vaya por delante, es afirmativa.

Lo que es seguro es que esta crisis debería servir como punto de inflexión para reorientar el proyecto europeo y reforzar, por un lado, nuestros sistemas públicos nacionales de salud alejándolos de cualquier tipo de mercantilización (creando nichos libres de mercado en todo aquello que tenga que ver con el bien común) y, por otro lado, haciendo del pilar europeo de derechos sociales una realidad que despliegue fuerza jurídica y convierta las buenas intenciones de la presidenta de la Comisión Europea en una realidad palpable en los tratados y en la sociedad. Y, sobre todo, debería servir para regular nuestras economías sociales con una mano visible: la de nuestros sistemas públicos.

Para saber más:

Estrella Durá Ferrandis, Europarlamentaria, Delegación Socialista Española, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Parlamento Europeo.

Cristina Helena Lago, Asistente Parlamentaria, Delegación Socialista Española, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Parlamento Europeo.